El alcalde de Pujilí, José Alcides Arroyo Cabrera, enfrenta prisión preventiva por el presunto delito de peculado en el denominado Caso Ornato Municipal, luego de que un juez de la Sala de Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha aceptara el pedido de la Fiscalía y dispusiera también la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. 

La audiencia, realizada el sábado 9 de agosto de 2025, incluyó una discusión inusual: Arroyo, que en octubre de 2024 cambió en su cédula el sexo de masculino a femenino, solicitó mediante su defensa cumplir la medida cautelar en el Centro de Privación de Libertad Quito Femenino Atención Prioritaria Casa de Confianza, en Chillogallo, sur de Quito. 

El juez no resolvió de inmediato sobre su ubicación y dejó en manos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) la decisión final, con la instrucción de garantizar su integridad física, psicológica y médica.

El cambio de género en los documentos de Arroyo, realizado cuando la Fiscalía ya había abierto la investigación, ha generado preocupación en colectivos LGBTI+ como Silueta X, Transmasculinos Ecuador, Plataforma Nacional Resolución Trans y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+. 

Estas consideran que podría tratarse de un uso no legítimo de un derecho conquistado por las personas trans. Señalan que, a diferencia de la mayoría de los casos, Arroyo no modificó su nombre, lo que alimenta las sospechas de un fin estratégico.

Critica al conservadurismo 

La activista feminista y LGBTI+ Pamela Troya fue contundente al advertir que este tipo de situaciones pueden ser usadas por sectores conservadores para desacreditar la lucha por la igualdad y los derechos de las diversidades. “Es terrible que un hombre que nunca se identificó como trans se declare mujer para beneficiarse de un derecho conquistado”, afirmó. 

Según su análisis, el cambio de género podría responder a una estrategia de autoprotección para evitar ser enviado a una cárcel de hombres, donde correría riesgo de sufrir agresiones sexuales, y buscar así su traslado a un centro de reclusión femenino con menores amenazas.

El pedido de la defensa de José Arroyo

De hecho, la defensa de Arroyo argumentó durante la audiencia de formulación de cargos, que la cárcel de Chillogallo cumple con las condiciones para que se respete su situación de género del alcalde y su antecedente de haber sido víctima abuso cuando fue menor de edad.

Por su parte, Troya subrayó que el caso reabre el debate sobre vacíos en la Ley de Identidad de Género, que permiten que este tipo de trámites sean utilizados con fines ajenos a la identidad o expresión de género reales. 

En su criterio, es necesario implementar mecanismos que impidan el uso estratégico de este derecho, pero sin poner trabas a quienes realmente lo necesitan para protegerse de la discriminación y la violencia. 

El caso de Arroyo mezcla aristas judiciales, políticas y de derechos humanos y pone a prueba la capacidad del Estado para encontrar un equilibrio entre el respeto a las garantías individuales y la prevención del abuso de las leyes que las protegen.

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