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Las fronteras demandan control
Con la Alerta Emilia se emitirá una ficha del desaparecido y su posible victimario. Aún así, en el límite entre países se requiere mayor vigilancia.

Los padres de familia deben estar más alertas a familiares y personas ajenas a su círculo que entren en contacto con los niños.
Sandra Ríos llevaba a su hijo en brazos cuando atravesó la frontera hacia Ipiales, Colombia, el sábado 20 de enero. “Nadie me preguntó si era mi bebé o si tenía algún permiso para sacarlo del país”, reveló.
Un acuerdo binacional entre Ecuador, Colombia y Perú justifica el libre tránsito entre los tres países, aunque para la madre “expone a los menores de edad a delitos como secuestro o trata de personas”.
El 23 de enero, en un conversatorio, el ministro del Interior, César Navas, explicó el funcionamiento de la Alerta Emilia, un sistema que activa varios protocolos ante la desaparición de un niño o adolescente, en Ecuador que afinará sus detalles en 15 días.
“Es el primer país de la región en implementar el sistema de alerta temprana”, indicó. El nombre hace referencia a la niña lojana, asesinada en diciembre pasado y cuyo caso hizo analizar a las autoridades que “cada segundo cuenta”.
En la frontera “existen controles”, según Víctor Araus, jefe de la Dinased, pero aquel acuerdo entre territorios “dificulta la vigilancia en los viajes por tierra”. Sin embargo, la institución emitirá un escrito para solicitar una supervisión de documentos para garantizar un paso legal de los menores de edad hacia países vecinos.
Dentro de los protocolos de la Alerta Emilia se estipula que una denuncia inmediata permita emitir una “ficha única” de un menor desaparecido y su posible victimario. Esta deberá llegar hasta los pasos fronterizos alertando los intentos de huir con el infante o adolescente. Para Diana Freire estas revisiones no son suficientes. Ella considera que una ficha no basta para impedir el paso de un niño en los puntos limítrofes. “Mínimo la cédula del bebé y de los padres para salir de Ecuador”, argumentó.
Las dificultades
Navas explicó que la alerta tiene una vigencia de 24 horas, tiempo que podrá ser ampliado con un análisis.
Esta debe ser activada hasta 72 horas después de la desaparición. Para Tomás Guachamín, director de Prevención, Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes del Ministerio del Interior, es importante levantar una ficha única, que no incluya los teléfonos de familiares del desaparecido.
“Con un número personal los allegados pueden ser víctimas de extorsión. Para ello se ha fijado el 1800- DELITO (335486) que está activo las 24 horas del día”, manifestó.
Hasta el momento se han registrado 287 estudiantes desaparecidos en Ecuador. (AAM)