La sombra judicial de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, no se detiene ni siquiera tras su extradición a Estados Unidos. Aunque actualmente responde en Nueva York a siete cargos federales por narcotráfico y conspiración, en Ecuador la justicia abrió un nuevo frente: un proceso por lavado de activos que salpica a familiares cercanos y a varias empresas.

Este 29 de agosto de 2025 se instalará, en el Complejo Judicial Norte de Quito, la audiencia de vinculación dentro de la causa conocida como caso Blanqueo Fito. La diligencia fue convocada por la a cargo del caso, de la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, tras la solicitud de la fiscal María Belén Luna, de la Unidad Nacional Antilavado de Activos.

¿Quiénes están en la mira en el caso Blanqueo Fito?

La lista de convocados incluye a personas naturales y jurídicas. Entre ellas se encuentran el propio Fito, su hermanos Ronald Javier, así como su esposa Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y dos de sus hijos: Michelle Jamilet y Adolfo Jair. También constan otros parientes de su círculo íntimo familiar.

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Junto a los familiares aparecen cuatro empresas señaladas por la Fiscalía como posibles vehículos de operaciones ilícitas:

• QueenWater S.A., vinculada a la esposa de Fito.
• Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A.
• Ferro Mundo S.A.
• Iris & Limpieza Cía. Ltda.

Según los investigadores, estas compañías habrían canalizado movimientos financieros irregulares, en un entramado que busca ser desentrañado con apoyo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), pues se habría detectado un movimiento inusual de más de 24 millones de dólares en este caso.

¿La familia de Fito está bajo presión?

La investigación por lavado abre un capítulo más para el círculo más íntimo del capo manabita. Padres, hermanos, hijos y empresas aparecen ahora en la línea directa de las pesquisas. El desenlace de la audiencia del 29 de agosto será clave.

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En esta diligencia se definirá si la causa se amplía formalmente contra todos los convocados. Esta acción, además, podría ampliar un mes más el tiempo de instrucción con el que cuenta la Fiscalía. Es decir, el tiempo para conseguir más elementos contra los sospechosos, mientras que las defensas podrán conseguir elementos que desvirtúen las pruebas del Ministerio Público. 

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