La jueza María Daniela Ayala lanzó una advertencia a las defensas en el caso por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio: no se admitirán más diferimientos y se sancionará cualquier intento de dilatar el proceso. La disposición consta en el oficio emitido tras la fallida audiencia del martes 26 de agosto, que no pudo instalarse.

El primer sancionado ya tiene nombre. Se trata del abogado Jonathan Espín, defensor de Ronny Aleaga, a quien la jueza impuso una multa equivalente a dos salarios básicos (940 dólares). Según el documento, el jurista alegó problemas de salud dental para no asistir, pero la jueza consideró injustificada la inasistencia.

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Con la resolución, la audiencia de formulación de cargos quedó reprogramada para el miércoles 3 de septiembre, a las 08:40, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Se realizará en modalidad mixta, con enlace vía Zoom para garantizar la presencia de todas las partes. La magistrada dispuso, además, que la Defensoría Pública intervenga en caso de nuevas ausencias de abogados particulares.

Los investigados por la autoría intelectual del asesinado de Fernando Villavicencio

En esta diligencia, la Fiscalía General del Estado presentará cargos por el delito de asesinato (artículo 140 del COIP) contra José Ricardo Serrano Salgado (exministro del Interior), Xavier Edmundo Jordán Mendoza (prófugo en el caso Metástasis), Ronny Xavier Aleaga Santos (exasambleísta) y Daniel Josué Salcedo Bonilla (procesado en varios casos de corrupción y actualmente detenido).

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Según la investigación, los cuatro habrían actuado como autores intelectuales del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023, cuando el entonces candidato presidencial fue acribillado a la salida de un mitin, en el norte Quito, a once días de las elecciones.

La alerta que hizo la jueza del caso Villavicencio

La jueza textualmente señaló: “se advierte a los sujetos procesales que no se admitirán diferimientos dentro de la presente causa y se sancionará cualquier acto desapegado de los principios de buena fe y lealtad procesal que tiendan a dilatar el proceso; advirtiéndoles que en caso de no concurrir al acto procesal señalado se procederá a sancionar de conformidad con la ley, tanto más considerando que esta juzgadora verificó que las partes no tengan una diligencia previamente señalada en la fecha en que ha sido convocada. Esto sin perjuicio de disponer cualquier medida que corresponda para verificar que no se incurra en actos tendientes a inducir al error a la juzgadora”.

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