El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha designado un nuevo equipo de defensa particular en el proceso penal que enfrenta por presunto tráfico ilegal de combustible subsidiado, conocido como el caso Triple A. La decisión, formalizada el 25 de mayo de 2025, incluye un nombre que no pasa desapercibido: Ramiro García Falconí, abogado con una trayectoria destacada en el ámbito penal y una conocida postura crítica hacia el correísmo, movimiento con el que Álvarez mantuvo cercanía política a través del acuerdo entre su organización RETO y la Revolución Ciudadana.

El documento judicial, al que accedió EXTRA, detalla que el jurista Ramiro García asumirá la defensa junto a Estefany Alvear Tobar y Katherine Barona Pazmiño, autorizados para actuar en todas las audiencias y presentar escritos en representación del alcalde.

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Este cambio se produce semanas después de que Álvarez fuera procesado formalmente y se le impusiera como medida cautelar el uso de un grillete electrónico, aunque él ha ratificado públicamente que no dejará el cargo.

Confrontación entre Rafael Correa y Ramiro García

La designación de García llama la atención por los antecedentes de confrontación con el expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana. En publicaciones anteriores en la red X, Correa llegó a calificar a García como “un mediocre verdaderamente repulsivo”, mientras que García ha tildado al exmandatario de “miserable”. Las fricciones entre ambos han sido públicas y sostenidas en los últimos años, especialmente en torno a temas de justicia y persecución política.

¿Quién es Ramiro García Falconí?

El jurista Ramiro García Falconí es expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, y fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE). Su nombramiento como defensor en un proceso de alto perfil como el de Álvarez agrega un nuevo componente político al caso, dadas las tensiones históricas con figuras del correísmo.

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El caso Triple A investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados. La Fiscalía sostiene que supuestamente, desde la terminal de Petroecuador en Pascuales, operaba una estructura que habría desviado diésel subsidiado, generando pérdidas millonarias al Estado.

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