La Asamblea recibió el primer proyecto de Ley Económica Urgente del gobierno de Daniel Noboa, titulado Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno. La propuesta buscaría golpear las finanzas de los grupos de delincuencia organizada (GDO), endurecer penas sin beneficios penitenciarios y reactivar zonas afectadas por la violencia. Sin embargo, el contenido del proyecto ha generado un intenso debate entre juristas, defensores de derechos humanos y expertos en seguridad.

El objetivo del gobierno de Daniel Noboa

Según el comunicado oficial del Parlamento, el proyecto pretende poner un “freno definitivo” a la economía que alimenta las estructuras delictivas. Plantea incautar bienes ilícitos, destinarlos a la reparación de víctimas y establecer penas de entre 22 y 30 años de prisión sin medidas sustitutivas.

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Para el abogado y exoficial de Inteligencia Kléber Carrión, estas iniciativas serían necesarias y representarían una respuesta frente a un Estado “tembleque”, debilitado por leyes construidas desde una visión ideológica que habría favorecido, en su criterio, al infractor más que al ciudadano. “Hay que darle firmeza al Estado. Las víctimas colaterales no pueden ser solo los civiles”, afirma, y critica la hegemonía de pensamiento que -según él- dominó desde la Revolución Ciudadana hasta hace pocos años.

Cuestionamientos a la propuesta de Daniel Noboa

Efren Guerrero, doctor en Gobierno y Administración Pública, realizó un extenso análisis a través de redes sociales. Si bien reconoce aciertos -como el uso del Derecho Internacional Humanitario y la intención de cortar el flujo de capital ilícito-, también advierte graves riesgos constitucionales. “(Se señala que) no es un estado de excepción, pero suspende derechos, crea jueces nuevos, autoriza allanamientos sin orden, permiten detenciones por sospecha… y da al Presidente más poderes que Batman”, ironizó en su cuenta de X (antes Twitter).

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Guerrero sostiene que el proyecto crea un “sistema paralelo” que suspende derechos sin el debido control legal previsto en el artículo 164 de la Constitución. “Esto no es técnica legislativa, es jugar con fuego constitucional”, advirtió. También recordó lo que ocurrió en Perú bajo el régimen de Fujimori en los años 90, donde el uso de decretos de urgencia debilitó el sistema democrático y dejó instituciones “de papel”.

Reacción de parte de Derechos Humanos

Fernando Bastias, integrante del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ecuador, manifestó su preocupación sobre la posibilidad de que el proyecto legitime la violencia indiscriminada en nombre de la seguridad. “Tirar a matar a quien parezca GDO deja muchas vidas inocentes en ataúdes y familias destruidas”, escribió.

Para él, el proyecto abriría la puerta a que agentes del Estado actúen sin límites claros, con el riesgo de cometer abusos y luego justificar sus actos mediante indultos presidenciales. “Y no solo serán víctimas los ‘reales delincuentes’, también la gente que no tiene nada que ver con esto”, enfatizó.

Propuesta: ¿Hay una alternativa legal?

Según Efren Guerrero, sí. Él propuso una hoja de ruta legal e institucional que incluye:

• Estados de excepción bien declarados, con control de la Corte Constitucional.
• Reformas al COIP con audiencias ágiles, sin sacrificar garantías.
• Fortalecimiento de la justicia penal, con más fiscales y recursos reales.
• Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, que ya forma parte del bloque de constitucionalidad.
• Inteligencia financiera real, con fortalecimiento de la UAFE bajo control judicial.
• Reactivación económica con una ley independiente, según lo permite el artículo 236 de la Constitución.
• Reformas a la Ley de Seguridad Pública, desde adentro del marco legal.

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