El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, solicitó investigaciones por posibles irregularidades administrativas relacionadas con la causa penal, por asociación ilícita, en la que figura como procesada Samara Rivera, viuda de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, líder de Los Choneros asesinado en Manta, el 28 de diciembre de 2020.

En un oficio del 9 de mayo de 2025, el funcionario expresa su “preocupación y profunda extrañeza ante el hecho de que el oficio (con requerimientos contra Rivera) de fecha 9 de diciembre de 2024, haya sido ingresado en este despacho recién el 30 de abril de 2025, es decir, casi cinco meses después de su emisión”. El documento también advierte que esta demora “contraviene los principios y deberes de eficiencia y celeridad procesal que rigen la administración de justicia, afectando el adecuado desenvolvimiento del proceso”.

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Finalmente, Suing dispone alertar al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a efecto de que disponga que se realicen las investigaciones. Esta observación surge en el contexto de actuaciones vinculadas a la emisión de boletas de encarcelamiento y la posibilidad de activar mecanismos de notificación internacional contra Samara Rivera, los cuales se habrían visto afectados por el retraso en la circulación del documento judicial.

Un recuento del caso contra Samara Rivera, viuda de Rasquiña

Samara Solanda Rivera Saltos fue sentenciada el 23 de octubre de 2024 a cinco años de prisión por el delito de asociación ilícita. Según la Fiscalía, Rivera participó en aparentes gestiones irregulares para obtener la prelibertad de su esposo en junio de 2020, mediante contactos con abogados y funcionarios del sistema penitenciario, incluyendo al exdirector de la Penitenciaría del Litoral, Héctor Reina, y un funcionario del SNAI. La sentencia también incluyó una multa de 4.600 dólares.

Tras la revocatoria de su orden de detención, Rivera, a través de su abogado, solicitó el 9 de julio de 2024 que se notifique al jefe de la Policía Nacional del Ecuador sobre la anulación de dicha orden, argumentando que cualquier detención en su contra sería arbitraria, ilegal e ilegítima. Además, pidió copias de los audios y videos de las audiencias relacionadas con su caso .

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De lo que se conoce, Samara Rivera no se encuentra en Ecuador; en un escrito presentado el 10 de junio de 2024, informó que se encontraba en el extranjero atendiendo un problema de salud y solicitó que no se revelara su ubicación, alegando que su vida estaba en riesgo. Aseguró que temía por su seguridad debido a amenazas de grupos delictivos y solicitó, en esa época, comparecer a las audiencias de forma telemática . 

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