Los continuos casos de abusos, algunos de los cuales terminan en violaciones, motivan una propuesta de reforma legal. La idea está respaldada por el partido Creando Oportunidades (CREO) y fue presentada por Homero Castanier, asambleísta por Cañar.

La modificación apuesta al artículo 171 del Código Integral Penal (COIP) que trata sobre la pena máxima a los violadores: 22 años de reclusión. Por esta razón, la idea es añadir en el inciso 4 lo siguiente:

“Se sancionará con cadena perpetua cuando la víctima sea menor a catorce años o si se produce la muerte de la víctima”.

El argumento de esta propuesta se sostiene en las 883 denuncias que el Ministerio de Educación recibió por acoso sexual, entre 2014 y 2017.