El ataque en los exteriores de una reconocida discoteca del norte de Quito resultó tener vínculos con posibles ‘vacunas’, como popularmente se conoce a las extorsiones. El hecho se suscitó a las 00:30 del viernes 30 de mayo de 2025, cuando sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra el negocio y dos policías que revisaban la bitácora del lugar resultaron heridos.

(Te invitamos a leer: Metro de Quito | Nueva modalidad para apertura de puertas: Estos son los horarios)

En consecuencia, unidades especiales de la Policía Nacional ejecutaron un operativo y atraparon a tres ciudadanos venezolanos. Ellos fueron procesados por el delito de extorsión la noche del sábado 31 de mayo, mientras que el centro de diversión, ubicado cerca de la intersección de las avenidas de la República y 6 de Diciembre, fue clausurado tras el ataque.

Los detenidos tras el ataque a la discoteca

Los sospechosos fueron identificados como Anthony Gallardo, Jorge Rendón y Denis Márquez. Este último, durante la audiencia de formulación de cargos, expuso que es ingeniero de sonido, que vive en Quito desde hace siete años y que trabajaba para la discoteca que sufrió el ataque. Incluso, sostuvo que fue él quien entregó la bitácora a los uniformados y que también ayudó a uno de los heridos. Pese a eso, fue considerado como uno de los presuntos participantes del ataque y, al igual que los otros dos detenidos, recibió orden de prisión preventiva.

Durante la diligencia, como elementos de convicción, la Fiscalía presentó, entre varios indicios, tres denuncias que ya existían por extorsión. A eso se suma que los investigadores contarían con mensajes de texto que los sospechosos, al parecer, habían intercambiado.

(Además: Consulta con tu cédula si recibirás el Bono de Desarrollo Humano en junio de 2025)

Por ese motivo, sus dispositivos serían analizados para determinar si existen otros detalles que los relacionen con este u otros hechos similares, pues como informó EXTRA en la edición anterior, existe un promedio de seis denuncias diarias por extorsión. Sin embargo, no todas las víctimas denunciarían, pues los ‘vacunadores’ impondrían la ‘ley del silencio’.

30 días para recabar elementos

Los tres sospechosos permanecerían detenidos mientras dure la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 30 días. En ese plazo, la Fiscalía deberá reunir elementos para sustentar una acusación formal y solicitar que el caso avance a juicio. De ser hallados culpables, los procesados enfrentarían penas de cinco a siete años de prisión, según el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!