La recurrencia de atentados explosivos en La Bahía, Guayaquil, refleja una crisis de seguridad profundamente arraigada en la debilidad del Estado ecuatoriano y la permeabilidad de sus instituciones ante el crimen organizado, según Kléver Carrión, abogado y expolicía,

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La raíz del problema, según considera, radica en un Estado frágil, con leyes débiles y un sistema judicial corrompido que beneficia a los delincuentes en lugar de proteger a las víctimas. Esta situación, exacerbada por la falta de inteligencia criminal efectiva y la corrupción en instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía, permite que grupos delictivos operen con impunidad, utilizando tácticas como la extorsión y atentados con explosivos para consolidar su poder.

Raíz del problema: Corrupción y leyes permisivas

Carrión sostiene que la delincuencia organizada ha perdido el respeto al Estado debido a su fragilidad estructural. La Constitución de 2008, según su análisis, otorga excesivas garantías a los infractores, permitiéndoles acogerse a beneficios penitenciarios incluso tras reincidencias en delitos graves como narcotráfico, asesinato o robo. 

Este enfoque "hipergarantista" no considera la proporcionalidad en las penas, lo que resulta en la liberación prematura de criminales habituales. Por ejemplo, un delincuente reincidente puede acogerse a beneficios penitenciarios múltiples veces, lo que perpetúa un ciclo de impunidad. Carrión argumenta que, tras una segunda ofensa, los infractores deberían cumplir la totalidad de su condena sin garantías adicionales, para desincentivar la reincidencia y fortalecer la autoridad estatal.

Además, la corrupción endémica en las instituciones públicas, incluyendo la Policía y la Fiscalía, facilita la filtración de información sensible, lo que obstaculiza las investigaciones. Según Carrión, "la información es muy pública" debido a la venta de datos por parte de funcionarios corruptos, lo que permite a los delincuentes anticiparse a las acciones de las autoridades. 

Esta situación se ve agravada por la falta de regulación en las labores de inteligencia, que no cuentan con el respaldo legal necesario para operar de manera efectiva y discreta.

Insuficiencia de medidas actuales: Patrullajes y botones de pánico

Carrión critica las estrategias actuales, como los patrullajes y los botones de pánico, por ser insuficientes y poco efectivas. Los patrullajes, aunque visibles, no logran prevenir los atentados debido a la falta de coordinación y a la capacidad limitada de la Policía, que está "sobrepasada" en su labor operativa. 

Por su parte, los botones de pánico, diseñados para alertar a las autoridades en caso de emergencia, no funcionan de manera efectiva, ya que los atentados suelen ser ejecutados por personas distintas a las que negocian las extorsiones, lo que dificulta la respuesta inmediata. Estas medidas, según Carrión, son "parches" que no abordan la raíz del problema ni desmantelan las redes criminales que operan en La Bahía.

Propuestas de solución: Inteligencia criminal y denuncias anónimas

Para combatir esta crisis, Carrión propone fortalecer la inteligencia criminal mediante la creación de un organismo especializado que coordine sus acciones con la policía preventiva. Este organismo debería operar bajo un marco legal claro que regule las actividades de inteligencia, garantizando su confidencialidad y eficacia. 

La inteligencia criminal, según Carrión, es clave para prevenir atentados, ya que requiere técnicas avanzadas para rastrear el origen de los explosivos, identificar a los responsables y desarticular sus redes logísticas. Sin embargo, actualmente, las investigaciones se limitan a labores previas "regulares" que no cumplen con los estándares necesarios para enfrentar delitos complejos como los atentados con explosivos.

Otra propuesta central es la implementación de un sistema de denuncias anónimas con reserva de identidad, amparado en el artículo 430.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permite denunciar ciertos delitos sin exponer al denunciante. Carrión subraya que este mecanismo es esencial para alentar a los comerciantes y ciudadanos a reportar extorsiones y otros delitos sin temor a represalias. 

La falta de confianza en la Policía y la Fiscalía, sumada a los procedimientos "tortuosos" para denunciar, disuade a las víctimas de colaborar con las autoridades. Un sistema de denuncias anónimas, respaldado por investigaciones rigurosas, permitiría identificar a los delincuentes sin que los datos de los denunciantes sean filtrados por funcionarios corruptos.

Para garantizar que las denuncias anónimas no se utilicen con mala fe (por ejemplo, para acusar a alguien por motivos personales), Carrión enfatiza que las investigaciones posteriores deben ser exhaustivas. Las autoridades deben verificar la veracidad de las denuncias mediante técnicas de inteligencia y cruces de información, asegurando que las acusaciones tengan fundamento antes de actuar.

Evitar el pago de "vacunas" y fortalecer la colaboración ciudadana

Carrión advierte que el pago de "vacunas" (extorsiones) fortalece a los delincuentes, ya que les proporciona recursos para expandir sus operaciones y perpetúa la idea de que son "socios" de los comerciantes. Esto no solo agrava la inseguridad, sino que tiene consecuencias económicas devastadoras, como el cierre de negocios y la pérdida de empleos. 

En lugar de ceder a las extorsiones, los comerciantes deben unirse y colaborar con las investigaciones, proporcionando información que permita desmantelar las redes criminales. Sin embargo, para que esto ocurra, el Estado debe garantizar la seguridad de los denunciantes y restablecer la confianza en las instituciones.

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