La Superintendencia de Bancos informó, a través de un comunicado la tarde de este 4 de agosto, que realizará una supervisión activa sobre la situación del Banco Pichincha. 

Según informó, la medida hace parte de sus labores de aseguramiento que realiza sobre los depósitos y operaciones de los clientes, manteniendo la estabilidad del banco y del sistema financiero nacional.

(Te invitamos a leer: Superintendencia de Bancos se pronunció sobre el Banco Pichincha: ¿Qué está pasando?)

"En ejercicio de sus competencias legales, esta Superintendencia ha iniciado un proceso administrativo sancionador ante los incidentes suscitados con Banco Pichincha", explicó.

En efecto, clientes de esta entidad bancaria han experimentado en los últimos días algunos inconvenientes a la hora de acceder y hacer uso de sus servicios a través de las plataformas digitales destinadas para ello.

Tras explicar esto, señaló que el sistema financiero de Ecuador presenta indicadores sólidos, respaldados por una supervisión rigurosa y el cumplimiento de estándares internacionales.

Algunos indicadores clave a junio de 2025 son los siguientes:

• Índice de solvencia superior al 13%, por encima del mínimo regulatorio del 9%.
• Liquidez inmediata superior al 21%, asegurando la capacidad de atender cualquier requerimiento de los depositantes.
• Morosidad del 3,2%, indicando una adecuada gestión de riesgos y prudencia en la concesión de créditos.
• Crecimiento sostenido en los depósitos, reflejando la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero.

Aunque Banco Pichincha, informaron, cumple con los indicadores financieros requeridos, la Superintendencia señaló que su propósito es proteger los derechos de los usuarios y garantizar la transparencia, estabilidad y seguridad del sistema financiero nacional.

El ente de control también se refirió a las noticias falsas que circularon en redes sociales en las que se desinformaba, sobre un supuesto cierre del mencionado banco, y envió un mensaje contundente.

"Recordamos que desinformar bajo supuestos desestabilizadores está tipificado bajo el delito de pánico financiero el cual será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años conforme al artículo 322 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Superintendencia está tomando las acciones legales correspondientes ante las publicaciones irresponsables e infundadas en redes sociales, que pretenden alarmar a la población".

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