En el segundo día del juicio contra Lissa María Caiza, sospechosa de matar a sus hijos en Pifo, nororiente de Quito, ‘estalló una bomba’ Los crímenes ocurrieron el 28 de octubre de 2020, cuando los infantes fueron hallados sin vida en sus camas, víctimas de un supuesto  envenenamiento.

Sin embargo, el jueves 6 de mayo, durante la diligencia, la perito médica Margarita del Valle dijo que en los órganos de las víctimas no se hallaron rastros de algún veneno. Ella analizó los restos de los cerebros, riñones, corazones, hígados y pulmones de los menores de edad, detectando huellas de COVID-19.

Pero el virus no los mató. Del Valle explicó que la causa del deceso fue una asfixia mecánica homicida. Es decir que alguien habría tapado las vías respiratorias de los niños o los estranguló. Eso provocó un daño en los pulmones y en el resto de órganos.

La primera hipótesis

Hipótesis no confirmada

Lo que reveló la perito echaría al traste lo que se mencionó en la audiencia de llamamiento a juicio contra Caiza, realizada en diciembre de 2020. En esa diligencia se detalló que los niños, de 10 y 6 años, murieron por asfixia por broncoaspiración, edema pulmonar e intoxicación por sustancias extrañas.

Los compuestos fueron encontrados en tres vasos que estaban sobre una mesa. Además de restos de un detergente, medicinas e insecticidas, según las primera pericias. Por eso cobró fuerza la hipótesis del envenenamiento.

Ante esto, la perito precisó que “si hubiera habido una broncoaspiración, la muerte habría sido accidental”. Pese a la revelación, los decesos sí fueron violentos.

Hasta ayer jueves, la audiencia seguía en marcha en el Complejo Judicial Norte de la ciudad. Se espera la intervención de la defensa de Caiza para demostrar su inocencia.

La mujer compareció vía telemática, ya que está en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi desde el crimen.