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Captan supuesta coima en la Bahía de Guayaquil: “Si no pagamos, nos quitan todo”
Dirigentes advierten que la corrupción no se resuelve botando agentes, sino cambiando un modelo urbano que empuja a miles a trabajar en la calle.
En la Bahía de Guayaquil, un agente de control municipal se acercó a una supuesta comerciante informal. Ella señaló un papel en una reja, él lo tomó con disimulo y miró a los lados antes de irse. La escena, captada en video y difundida en redes esta semana, reavivó las sospechas de coimas como requisito para trabajar sin ser desalojados.
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La escena no sorprendió a los comerciantes de la Bahía. Ya en 2021, la Alcaldía de Guayaquil había revelado imágenes del ECU-911 que revelaban una red de extorsión integrada por policías metropolitanos.
Entonces, 42 agentes fueron separados de la institución. En ese momento, la administración de Cynthia Viteri aseguró que se reestructuraría el control con supervisores y cámaras personales para vigilar a los funcionarios.
Sin embargo, las denuncias persisten. Franklin Coloma, asesor jurídico de la Asociación de Comerciantes Minoristas 6 de Enero, sostiene que el problema no radica únicamente en la corrupción de los agentes, sino en un sistema urbano que no ha dado soluciones reales a la informalidad.

“El alcalde ha dicho que no tolerará actos de corrupción y que separará a todo agente de conducta dudosa. Pero eso no ataca el problema de fondo. Hay 5.000 comerciantes informales en la Bahía y apenas 1.300 permisos para ferias ciudadanas, que ni siquiera funcionan todo el año. ¿Qué hacen los demás? Salen a trabajar en las calles porque tienen que llevar el pan a sus hogares”, dice.
Coloma recuerda que las denuncias sobre cobros indebidos a vendedores informales existen desde hace más de tres años y que, en la práctica, el modelo de control se ha convertido en un círculo vicioso que ni los operativos ni las sanciones han roto.
Comerciantes informales geneararían ‘montoneras’ y desorden en la Bahía
Entre los vendedores formales también hay preocupación. Lucho Vásconez, comerciante establecido en la zona, asegura que la informalidad desordenada afecta a todos: “Si venden comidas o jugos, no nos afectan. Pero cuando ofrecen la misma mercancía, justo cerca de nosotros, claro que nos perjudica”.
Además, el vendedor explica que muchos ambulantes ocupan toda una zona durante el día, lo que genera desorden y ‘montoneras’, situación propicia para robos, lo cual ha desembocado en una disminución progresiva de las ventas.

“Los fines de semana la Bahía está llena de agentes. Ellos manejan radios y alertan a los informales cuando saben que pasará una patrulla. Apenas se va, vuelven a la calle”, asevera.
A sus oídos ha llegado el dato de que las coimas suelen ser de 3 dólares por persona y por turno. Es decir que si trabajan mañana y tarde, pagan doble.
“Por esta zona, en la calle Olmedo pasa un carretillero que conozco, que es un señor ya de edad (adulto mayor), y hace poco me dijo: ‘A mí un ‘robaburro’ (metropolitano) me pidió descaradamente cinco dólares y me dejó trabajar en la calle’”, denuncia.
Otro comerciante formal, que prefirió no dar su nombre por seguridad, confirma que el fenómeno no es nuevo: “Yo trabajo aquí desde mis 12 años y la Bahía siempre ha sido un desfogue para las familias sin empleo. Todos empezamos vendiendo en la calle. El problema es que, al soltar demasiado el control, se genera un efecto secundario: más gente viene a instalarse, incluso extranjeros. Aun así, yo entiendo a los informales, necesitan alimentar a sus familias”.
En TikTok y otras plataformas digitales, los reclamos son constantes. El usuario @jaime.peafiel6 confesó en TikTok: “Si no se les paga, se nos llevan todo lo que vendemos: bancos, sombrillas, agua... Según lo que vendamos es lo que nos piden, a veces 5 dólares o más”.
¿Qué sanciones habrían para metropolitanos que coimen por espacio público?
El delito que más se ajusta a este tipo de conducta es la concusión, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este delito ocurre cuando un funcionario público exige, recibe o solicita dinero o beneficios indebidos aprovechándose de su cargo. Las penas por concusión incluyen:
- Prisión de 3 a 5 años.
- Inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- Multas económicas, dependiendo del monto involucrado y el daño causado.
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