A Ronil Jerardo Quiñónez Álvares, detenido el pasado 3 de junio, como uno de los sospechosos del secuestro de siete personas, cinco hombres y dos mujeres, le dictaron prisión preventiva por el delito de secuestro.

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Las víctimas fueron encontradas dentro de un inmueble en la cooperativa Pablo Neruda, en el Guasmo sur de Guayaquil. Estaban maniatadas y con señales de tortura. Sus gritos alertaron a los policías que realizaban un patrullaje en el sector.

El coronel Marcelo Castillo, jefe del distrito Sur, informó que las víctimas fueron abordadas en diferentes sectores porteños, subidas a un carro y llevadas hasta ese inmueble situado en un callejón del sur de la ciudad. "En su poder se encontró un arma de fuego y municiones", informó el jefe policial.

El procesado en su defensa manifestó: "Yo estaba en la tienda comprando cigarrillos y llegó un carro de policía y me frena y me tira contra la pared, no me encontró absolutamente nada, estoy fuera de esa casa, siquiera a una esquina de esa casa, no me encuentran nada, lo único que tenía era el celular y 14 dólares de vuelto que fui a comprar nada más".

Sin embargo, un juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Romil Jerardo por el presunto delito de secuestro extorsivo.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó las versiones de los agentes aprehensores, el acta de ingreso de evidencias, informes de los exámenes médicos y las valoraciones practicadas a las siete víctimas, entre otros elementos de convicción.

"En las denuncias presentadas por los agraviados, se detalla que fueron secuestrados en diferentes puntos de la ciudad y trasladados a un domicilio en donde permanecieron amarrados, vendados y agredidos. Las víctimas se dieron cuenta de que solo una persona los resguardaba, por lo que decidieron pedir ayuda. Los gritos fueron escuchados por policías y militares que pasaban por el lugar", cita un informe remitido por la Fiscalía.

El artículo 162, en concordancia con el 42, numeral 1, (autoría directa) letra a, del Código Orgánico Integral Penal, sanciona el delito de secuestro extorsivo, con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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