Los privados de libertad se escapan de las cárceles ecuatorianas a su antojo. Ese ha sido un problema recurrente durante este año 2024 en centros de rehabilitación social de Esmeraldas, Guayaquil, Riobamba, Latacunga, Ambato y Portoviejo. La fuga más comentada fue la de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cuya fuga se conoció en enero, pero no se ha precisado hasta ahora qué día específicamente huyó.

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Algunos de los casos conocidos en estos 12 meses fueron confirmados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), otros por la Policía Nacional y algunos por las Fuerzas Armadas. La primera de estas instituciones está a cargo del sistema carcelario en el país, pero no ha otorgado cifras al respecto.

EXTRA consultó al SNAI cuántos privados de libertad (PPL) se escaparon en 2024, cuántos fueron recapturados, en qué reclusorios hubo fugas, sus causas, si hubo funcionarios investigados y qué acciones de prevención se tomarán. Hasta el cierre de esta nota periodística, no llegaron las respuestas.

Este Diario también dialogó al respecto con tres especialistas. Uno de ellos fue Luis Contreras Reyes, experto en seguridad salvadoreño y exfuncionario del Ministerio de Justicia, en cuyo país el gobierno de Nayib Bukele se implementó una política carcelaria radical.

El Gobierno incurriría en inacción y colaboración

Que los internos de las cárceles no estén sometidos a un control riguroso es señal de “falta de voluntad” de los funcionarios, señaló Contreras. Y esto lo destacó porque se supone que los PPL no deberían tener acceso a armas de fuego o comunicación telefónica, pero en Ecuador aquello no se cumple por completo.

“La otra respuesta es que se favorece también para que se den estas fugas. Es como lo que se dio en el caso de México, cuando el Chapo Guzmán (líder del cartel de Sinaloa) se escapó. Él pagaba, compraba voluntades. En Ecuador podría estar sucediendo lo mismo”, alertó.

Estos mismos problemas también se vivieron tiempo atrás en El Salvador, dijo, incluso con la difusión de videos en los cuales se observaba cómo trabajadoras sexuales accedían a las cárceles. Contreras recordó que uno de los pasos del cambio de modelo carcelario en El Salvador fue exigir a las compañías de telefonía celular el bloqueo de señales en los reclusorios.

“Meses después, a las pandillas se les decomisaron las wilas, que son las formas antiguas que tenían de comunicarse, como por ejemplo con papel higiénico, un lenguaje muy particular de ellos, que solo ellos entienden”, reveló.

Otra estrategia fue encarcelar a los miembros de los grupos criminales, un factor que también influyó en la disminución de actos de corrupción del personal carcelario. Las agrupaciones sufrieron masivos encarcelamientos, además de incautación de drogas, armas, dinero en efectivo, “y perdieron la capacidad para sobornar”.

El reordenamiento de los establecimientos penitenciarios también les permitió un mejor control de los internos, de tal forma que no se mezclen sin importar el tipo de delito por el cual están cumpliendo una sentencia.

La cara más visible de ese plan es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una estructura carcelaria de más de 236 manzanas, inaugurada el 31 de enero de 2023, que alberga a terroristas pandilleros capturados. Se ubica en el municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente.

Otra cárcel de máxima seguridad es la de Zacatecoluca, ubicada en el departamento de La Paz, donde están internados femicidas y violadores. Pero también hay otros centros con población carcelaria de menor peligrosidad.

Este giro en el sistema carcelario salvadoreño tuvo como antecedente la declaración emitida por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en agosto de 2015, que catalogó como organizaciones terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18 “y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado”.

Ese contexto se asemeja a lo ocurrido en enero de 2024 en Ecuador, cuando se declaró un estado de excepción y se catalogó como organizaciones terroristas a más de 20 grupos criminales.

El hacinamiento como facilitador

Kléber Carrión, experto en seguridad y exdirector de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, hizo hincapié en que Ecuador no cumple con las denominadas Reglas Nelson Mandela para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por la Organización de Naciones Unidas en 2015, respecto a que debe haber un privado de libertad en cada celda. Por ello, existe hacinamiento, lo que torna difícil el control al interior.

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Explicó que al haber cuatro o cinco personas conviviendo, inevitablemente hablarán entre sí, pudiendo volverse cómplices, facilitando la planificación de actos ilícitos como las fugas. “Esto hace también que estén sometidos por privados de libertad, que a su vez son nombrados por líderes de grupos delictivos”.

Ese riesgo se suma a una deficiente estructura física, leyes permisivas que no permiten al Estado tener el control, una incorrecta clasificación de los reos y una mala selección del personal. “Hay que escoger bien al personal, con pruebas de confianza anuales, pero desde la Ley Orgánica de Servicio Público esto no se permite, entonces hay un vacío”, resaló Carrión.

Añadió que el sistema de monitoreo de cámaras de las cárceles debe ser manejado no solo desde adentro, sino también desde afuera, bajo un método que permita a externos hacer el trabajo, sin estar comprometidos con los PPL.

Modelo no sostenible

En contrapunto, para María Gabriela Alvear, directora de la Fundación Diálogo Diverso, un sistema carcelario similar al salvadoreño es una medida coyuntural y no sostenible en el tiempo, porque requiere de una gran inversión.

“En un momento, eso no será sostenible porque no se están rehabilitando, porque adentro se pueden formar más grupos. No está solucionando los temas de fondo, pero es un modelo vendible, porque la gente quiere que haya encierros”, expuso Alvear, quien además trabajó en instituciones públicas, lo que le permitió acceder a centros de privación de libertad.

A su criterio, lo que se necesita sanear todo el sistema judicial, carcelario y policial, evitando la corrupción. Para ello, debe haber acciones coordinadas con otros países, porque el crimen es transnacional, integrando a la academia y a expertos que aborden políticas de rehabilitación social. 

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