El último adiós para Jéssica Maribel Acero Cholango y su sobrina de ocho meses de nacida estaba previsto para la tarde de ayer 26 de abril. “Las vamos a enterrar en el cementerio de Santa Marianita de Pingulmí (en Cayambe)”, aseveró Mónica Acero, hermana y tía de las fallecidas, respectivamente.

La joven, de 27 años, pereció con la infante al inhalar monóxido de carbono por un generador de electricidad en su casa. Lo alquiló para solventar la crisis de apagones en el país, porque lo requería para una máquina de oxígeno, ya que tenía la enfermedad de Pompe, que es catastrófica.

Para Marcel Merizalde, analista político y social, este tipo de situaciones ponen en riesgo la vida de personas como Jéssica Maribel, por el hecho de que necesitan este servicio básico para sus tratamientos médicos. “El Estado debe garantizar la vida de los ecuatorianos, a través de medidas sociales y económicas que prioricen el bienestar de las personas en situación de enfermedad”.

Merizalde se refiere a que desde el Gobierno se tiene que trasladar la atención social y de los sectores económicos hacia hospitales públicos, mediante la compra de insumos y medicamentos que al menos garanticen una buena atención a pacientes que la necesitan. “Pero solo los necesarios, para que no implique una abierta y clara corrupción”, acotó.

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Mónica Acero está más que dispuesta a exigir al Estado una reparación por esta doble tragedia en su familia, ya que se produjo por culpa de los apagones. Sin embargo, esa esperanza se desvanece ante la falta de recursos económicos. “Tocaría pagar abogados y muchos gastos más”.

Para Édison Rodríguez, abogado especializado en lo penal y procesal, en lo que sucedió con ambas víctimas sí tiene injerencia el Estado y se le puede exigir una indemnización. “Como segundo punto está que si esto llega a una demanda, también tiene que asumir un pago el Ministerio de Energía y Minas”.

Según Rodríguez, la implicación del Estado en estas dos muertes se da porque personas como Jéssica Maribel están expuestas al irrespeto de los horarios de corte de energía, por lo que no se sabe a qué atenerse. “A este caso no se lo puede catalogar como una negligencia, pero sí existe una corresponsabilidad estatal”.

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