La mañana del 18 de agosto, en una sala judicial de Quito, se instaló la audiencia de revisión de medidas solicitada por un grupo de 30 personas procesadas en un caso que ha causado revuelo en los últimos meses. Todos ellos fueron detenidos durante un operativo policial ejecutado el 25 de junio, en el que se desmanteló un supuesto call center utilizado para extorsionar a ciudadanos a través de métodos intimidatorios.

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La diligencia fue convocada luego de que las defensas presentaran recursos para intentar modificar las medidas cautelares impuestas en la primera etapa del proceso. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) llegó con la intención de oponerse a la petición y mantener las restricciones, pues sostiene que existen pruebas suficientes que vinculan a los acusados con una estructura que operaba bajo el disfraz de una empresa de préstamos digitales.

Entre los procesados destacan dos ciudadanos de nacionalidad china, señalados como los presuntos dueños y cabecillas del 'negocio'. Según la investigación, ellos habrían dirigido las actividades ilícitas que funcionaban en el interior de un edificio allanado en junio pasado. 

Ahí, en varias oficinas equipadas con computadoras, teléfonos y chips, se montó lo que la Policía describió como un centro de cobranzas con fachada de call center.

Las indagaciones en el caso Call center

Las pesquisas revelaron que la dinámica era siempre la misma: a través de aplicaciones móviles, ofrecían préstamos de dinero rápido a personas en situación de necesidad. Una vez que los deudores no podían pagar en los tiempos exigidos, se activaba la segunda fase del esquema: el hostigamiento. 

Según el parte policial al que EXTRA accedió, las víctimas recibían llamadas en las que se los insultaba y amenazaba, acompañadas de mensajes que incluían imágenes perturbadoras, como decapitaciones o escenas de violencia explícita.

El objetivo era claro: forzar el pago a través del miedo. En el interior del inmueble incautado se encontraron no solo chips y teléfonos celulares, sino también guiones preparados para que los operadores supieran exactamente qué debían decir. Todo estaba diseñado para ejercer presión psicológica sobre los deudores.

La captura de los sospechosos se produjo en medio de un fuerte despliegue policial. Tras su aprehensión, el 4 de julio, fueron llevados a la Unidad de Flagrancia del norte de Quito para rendir sus primeras versiones. 

Afuera del complejo judicial, familiares y allegados de los detenidos organizaron plantones con carteles, camisetas con imágenes de los aprehendidos y mensajes que pedían su liberación. Ese escenario marcó el inicio de un proceso judicial que hoy sigue generando reacciones encontradas.

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