La noche de este jueves 14 de diciembre de 2023, el juez Felipe Córdova prosiguió con el trámite del caso Metástasis en relación con la legalidad de la detención de 31 individuos. En respuesta a las objeciones de algunos acusados, quienes alegaron que el juez carecía de competencia para este proceso y que el caso debía ser manejado por un juez anticorrupción, Córdova explicó que, dado que el caso involucra a funcionarios con fuero nacional, el trámite debe llevarse a cabo desde el principio ante la Corte Nacional.

En relación con las afirmaciones de que a ciertas personas bajo investigación no se les informaron sus derechos constitucionales durante sus detenciones, el juez Córdova indicó que esto no es lo que se refleja en los detalles registrados en los informes policiales. Gran parte de los defensores que representan a los 31 detenidos expresaron que, al momento de los arrestos, ni los agentes policiales ni los fiscales les informaron la causa de la detención.

No obstante, Córdova hizo hincapié en que en las órdenes de detención se proporcionó un resumen del caso para asegurar la presencia de los investigados en la audiencia de formulación de cargos. Por lo tanto, todos los detenidos fueron informados sobre la razón de la investigación y detención.

Por otra parte, respecto a las quejas del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, acerca de supuestos tratos crueles, inhumanos y hasta denigrantes, el juez destacó que el certificado médico en el expediente no respalda tales manifestaciones expuestas.

El juez desestimó la solicitud del titular de la Judicatura de suspender el procedimiento y remitir el caso a la Corte Constitucional, considerándola improcedente. En relación con la recusación presentada por Terán en su contra, Córdova indicó que aún no ha recibido una notificación formal de dicho recurso, por lo que no es posible una suspensión.

Debido a estos motivos, Córdova ratificó la legalidad de la detención de 31 individuos en el caso Metástasis y oficializó el inicio formal de la audiencia. Una vez instalada la misma, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, comenzó a presentar los cargos contra los investigados.

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