A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado encontró elementos para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas y varios jueces de la misma Corte y personal administrativo que estarían involucrados en el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales y del narcotráfico.

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Diana Salazar aseguró que este es un caso que vincula la política con la corrupción dentro de la justicia.

Pasada las 22:30, una vez que el magistrado Javier De la Cadena decidió calificar la legalidad de las detenciones y desechó los argumentos de las defensas. La fiscal General inició con la formulación de cargos a cada uno de los detenidos. La audiencia se extendió hasta la madrugada del martes 5 de marzo.

La investigación inició el 20 de febrero del 2024 y se fundamenta en mensajes extraídos del teléfono de Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, así como en un informe de la Policía Nacional. Pasadas ocho horas de audiencia La fiscal General, Diana Salazar, solicitó la prisión preventiva en contra de 11 de los 12 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada. Sin embargo, pidió arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos Cercado, por ser mayor de 65 años.

Mayra Salazar manejaba un “TrollCenter”

Según detalló, las investigaciones recabadas, encontraron que Mayra Salazar, quien es procesada en el caso Metástasis recibía 2.500 dólares mensuales pagados por la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, quien los cancelaba para que Salazar llevara adelante su campaña para su cargo como presidenta.

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Según la Fiscalía, estos pagos se realizaron en la casa del exasambleísta Pablo Muentes. Además, Muentes luego habría asumido la cancelación de estos pagos. Muentes y su esposa se habrían beneficiado de un fallo judicial para obtener una indemnización de casi 4 millones de dólares del Banco del Pacífico, como resultado de una acción de habeas data, utilizando documentos de pago falsos y adulterados.

Además, mencionó que Mayra Salazar se encargaba de manejar un "troll center" que beneficiaba a Gallardo, y además fue quien aprendió cómo funcionaba el sistema de sorteo de causas, para poder usarlo a su favor.

Entre de las evidencias que Fiscalía tiene dentro del expediente están las conversaciones de WhatsApp contenidas en el teléfono de Mayra Salazar. Según la Fiscalía, allí se evidencia, por ejemplo, que la jueza Gallardo hizo un acercamiento con el abogado de alias 'Fito' para buscar beneficiarlo en una causa que buscaba sacarlo de 'La Roca'.

Otros implicados

Saúl Alberto Mero Zambrano, asesor y mano derecha de Mercedes Villarreal, directora del Consejo de la Judicatura de Guayas, habría participado con la organización delictiva para archivar sumarios administrativos a favor de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia.

Guillermo Pedro Coello Valarezo, juez de la Corte Provincial de Guayas, fue parte del Tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en una demanda de acción de protección, a cambio de una remodelación en la Corte.

El juez Reinaldo Cevallos Cercado, acusado como colaborador, emitió la sentencia a favor de Pablo Muentes, en el caso contra el Banco de Pacífico. A cambio de esa decisión fue designado como juez de la Corte Provincial de Guayas. Negoció resoluciones judiciales, para beneficio económico. Fiscalía pidió prisión preventiva, pero debido a que el juez tiene 71 años requirió que se sustituya la medida por arresto domiciliario.

El magistrado Nelson Ponce, benefició a Pablo Muentes en una causa por falsedad de documento privado. Gestionó para que otros jueces que no querían fallar a favor del exlegislador sean cambiados a otra sala judicial. Fiscalía pidió prisión preventiva.

El juez Alberto Lino, acusado como colaborador, fue reclutado para fallar a favor de Pablo Muentes en causa por falsedad de documento privado. El procesado conversó con Mayra Salazar, indicando que emitiría resolución favorable a cambio que se le otorgue contrato en la Función Judicial para su hijo. Fiscalía pidió prisión preventiva. 

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