Victoria (nombre protegido) cumplió su sueño de ser bombera. Sin embargo, durante el proceso atravesó un momento crítico: habría sido violada por su instructor.

Hoy, martes 8 de noviembre del 2022, en el complejo judicial de Ambato es la audiencia de juzgamiento en contra del implicado por el delito ocurrido en abril del 2021. En ese entonces, el sospechoso se desempeñaba como subdirector de la escuela de formación que funciona en el sur de Quito y donde habría ocurrido el ataque.

Victoria está nerviosa. Angustiada. Dice que ha sido un proceso largo en el que ha tenido que superar cuadros depresivos y ansiolíticos. Además, todavía tiene pesadillas.

Ella cree que si el juez determina la culpabilidad de su agresor y lo envía a prisión culminaría el calvario que ha vivido por más de un año. “Con esto podré estar más tranquila y pienso generar un precedente para que otras víctimas no callen y denuncien estos delitos”.

La mujer, de 19 años, actualmente trabaja en un destacamento del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Mira, provincia de Carchi. Ella asegura que el apoyo de sus compañeras fue importante para lograr el objetivo y no desistir en el proceso judicial. Lo único que espera es que, a pesar de que su presencia será telemática, no le afecte tener que ver a su agresor nuevamente.

Irregularidades

Johanna Orbe, abogada del caso, señaló que hubo varias omisiones durante la investigación con las “que pretendían cuidar el nombre institucional”. Esto, según la jurista, provocó que algunos funcionarios, quienes colaboraron con sus versiones, denunciaran el hecho.

La psicóloga y un bombero de asuntos internos fueron desvinculados de la institución porque, según el expediente, ellos informaron al comandante Esteban Cárdenas sobre la violación y este no habría tomado ninguna acción legal.

Por esto, la Fiscalía abrió un proceso indagatorio en contra del oficial, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Esto será parte de un expediente de actuaciones administrativas hasta que se tipifique el delito.

Diario EXTRA se contactó con la institución para pedir información sobre este proceso y el de otros funcionarios vinculados e indicaron desde el Departamento de Comunicación que emitirán un pronunciamiento luego de la audiencia de juzgamiento.

Orbe concluyó que esperan que el juez le dé la pena máxima al sospechoso con agravantes que, según el Código Penal, es de 29 años y cuatro meses.