Un ciudadano fue deportado de Estados Unidos, el 16 de julio, por el delito de violación a una adolescente. El sospechoso tenía una notificación roja de la Interpol y era buscado por la justicia ecuatoriana por atentar contra la integridad de la menor de edad, en Esmeraldas. 

Casos como este fueron los que impulsaron al presidente de la República, Daniel Noboa, a escribir un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter).“Los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel”, fue parte de la publicación.

Reforma polémica

En el post también anunció que envió una reforma parcial a la Constitución que plantea la aplicación de este tratamiento farmacéutico como una medida adicional para sancionar a personas que han sido condenadas por delitos sexuales.

Esta decisión ha causado controversia en varios sectores de la sociedad en los que se debaten aspectos de justicia penal y derechos humanos.

La controversia detrás de la castración química

El portal Cleveland Clinic define a la castración química como el uso de sustancias o medicamentos para detener la producción de hormonas sexuales en el organismo.

La administración prolongada de estos químicos puede provocar bajo deseo sexual, huesos débiles, problemas cardíacos, depresión, reducción de la masa muscular, entre otros.

Bajo este contexto aparece el primer punto de quiebre para la abogada Kassandra Andrade, experta en materia penal, quien afirma que si un sentenciado por violación debe cumplir una pena de 20 años, el estado deberá encargarse de contribuir con expertos en conocimientos médicos y farmacéuticos para tratarlo mientras dure el tratamiento. “El estado deberá otorgar un porcentaje económico para la suministración de estos químicos”.

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Para tener una idea del gasto, el urólogo Pablo García Arteaga precisó durante una entrevista en un medio televisivo que una dosis podría costar 500 dólares y su aplicación podría ser mensual, trimestral o semestral, dependiendo el caso que se está tratando.

Andrade también se cuestiona cuando el sentenciado cumpla su pena, “¿el estado seguirá otorgando el suministro químico?” Tomando en cuenta que el tratamiento es reversible y, así como cuando el paciente pierde el ‘apetito sexual’ cuando está medicado, sin los fármacos volverá dicho apetito y, por ende, según la abogada, podría volver a cometer un delito de carácter sexual.

El lXXX

El asambleísta Adrián Castro, de la bancada Acción Democrática Nacional, señaló que la propuesta del primer mandatario se enfoca exclusivamente en proteger a niñas, niños y adolescentes frente a agresores sexuales reincidentes.

Según el legislador, no se trata de populismo punitivo, sino de una medida técnica, proporcional y avalada por la experiencia internacional, en países como Polonia, Estados Unidos, Indonesia y Corea del Sur que ya aplican la castración química o quirúrgica, logrando una drástica reducción en la reincidencia, incluso, por debajo del 5% frente a tasas cercanas al 50% cuando no se aplica ninguna intervención.

Castro enfatiza que si la reforma pase el filtro constitucional, en la Asamblea se deberá ser rigurosos en tres cosas:

• Que se aplique únicamente a sentenciados con fallo ejecutoriado.

• Que sea administrado por profesionales de la salud, con protocolos médicos claros.

• Que se combine con un registro confidencial de ofensores sexuales, para que nunca más trabajen con menores ni se acerquen a espacios vulnerables.

“Aquí no se trata de ir contra los derechos humanos, se trata de garantizarlos, pero para las víctimas”, concluyó el asambleísta Castro.

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