Después de nueve años de operación en Chile, Uber y sus conductores que utilizan esa app para sustentarse, se enfrentarán a una ley que impactará tanto, que se estima que alrededor de 36,000 personas perderán sus empleos.

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Se trata de la ‘Ley Uber’, que tiene por objetivo regular las aplicaciones que ofrecen el servicio de taxis de manera informal, lo cual siempre ha estado bajo las quejas de los taxistas tradicionales, que reclaman tener que cumplir un estándar mucho mayor para trabajar.

A los conductores se les exigirá que posean una licencia de conducir profesional, estén registrados en el Registro Oficial y que el vehículo utilizado cumpla con ciertos requisitos, principalmente en cuanto a su antigüedad.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, informó que los vehículos para la primera inscripción ahora pueden tener hasta un año de antigüedad, en comparación con la exigencia anterior de ser nuevos. En cuanto a los vehículos actualmente en operación con aplicaciones, el reglamento ha cambiado el límite de siete a diez años de antigüedad.

Según un análisis llevado a cabo por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), se proyecta que con la implementación de las nuevas regulaciones, aproximadamente el 88,9% de los actuales conductores que ofrecen servicios de transporte de pasajeros a través de estas aplicaciones se verán obligados a abandonar su actividad laboral. Esta cifra representa a 35,992 personas, de las cuales 18,787 son ciudadanos chilenos y 17,135 son extranjeros.

En Ecuador también han habido protestas constantes por parte del gremio de taxismo tradicional, solicitando que no se les permita laborar a quienes usan aplicativos como Uber.

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