Pablo Villafuerte, capitán de la Policía, está en la playa, levanta ambos pulgares y sonríe. Usa pantaloneta y sus pies descalzos se hunden en la arena mojada. Al fondo se observa el mar.

Esa imagen, en la que lucía con mucha vitalidad, resalta en el perfil de su red social. Ahora solo es un recuerdo. Por culpa de unos delincuentes que le dispararon en la cabeza, en un operativo de captura el 22 de enero pasado, en Guamaní, sur de Quito, a Villafuerte lo transportan en silla de ruedas porque la mitad de su cuerpo quedó inmóvil.

Hoy, él es uno de los 687 agentes que adquirieron alguna discapacidad cumpliendo su deber en el país, desde 2004.

Willian Núñez, coordinador técnico en el Departamento de Discapacidades del Sistema de Salud Policial, estima que al año se producen de 45 a 50 de estos casos. Por día llegan entre ocho a 10 pacientes, tanto al hospital de la institución en Quito como en Guayaquil, luego de ser víctimas de diversas situaciones violentas.

Todo esto causa secuelas que van entre lo leve, moderado y grave. A Villafuerte hay que chequearlo para enmarcar su caso en alguno de estos tres parámetros.

LA REVISIÓN MÉDICA

El oficial es llevado al Hospital de la Policía capitalino en una ambulancia desde su casa para su primer día de revisíón. Son las 10:40 del 17 de febrero y Villafuerte es movilizado en camilla al área de terapia en el segundo piso, donde lo esperan un neurocirujano, fisioterapeutas y Nathaly López, psicóloga clínica que años antes trabajó con él en Dinased.

López lo revisa y le hace muchas preguntas, pero por más que intenta, el capitán no puede hablar. Perdió esa función luego de que el proyectil destrozara el costado izquierdo del cráneo y también tejido cerebral, detalla Javier Buitrón, director del Hospital de la Policía.

No solo eso. Tampoco mueve completamente el brazo derecho y el control sobre la pierna de ese mismo lado no es el suficiente para mantenerse en pie.

Los especialistas lo pondrán en un plan de terapia y se detallará los días que debe ir. Como en su primer día, para el resto de la rehabilitación lo llevarán en ambulancia y también enviarán a los equipos médicos a su hogar para hacer un trabajo doble.

REINTEGRACIÓN

Pese a que su condición es alentadora –luego de vencer un coma inducido en menos de 22 días–, el oficial jamás volverá a las labores de campo. Según la doctora López, cuando ocurre un ataque que deja ese tipo de secuelas, muy difícilmente un policía se reincorpora al trabajo operativo. Entonces se debe pensar en un cambio.

Eso pasó con Álex Lozano, sargento de Policía, quien ahora es asistente de Talento Humano en las oficinas del Distrito Tierra del Sol, en Imbabura, luego de ser baleado y dejándolo sin poder caminar.

Lozano era agente de Inteligencia de Antinarcóticos, en Esmeraldas. Por su trabajo especial nunca se uniformaba y caminaba por diferentes partes de la Provincia Verde, siempre cargando su pistola.

La noche del 27 de noviembre de 2006, él fue a una parada de bus en el centro de Esmeraldas y estuvo por subirse a una unidad, pero una llamada telefónica lo detuvo. Entonces esperó unos minutos más sin sospechar que dos sujetos lo habían seguido.

Sin decirle nada, uno de los tipos le inmovilizó los brazos por la parte de atrás. El otro, parado adelante, sacó una pistola y lo baleó en el pecho y estómago. “Fue como si me hubieran dado un fuerte golpe que me dejó sin aire. Caí al piso y me patearon en la cara”. Le quitaron su arma de dotación y corrieron.

Lozano fue socorrido por un bombero y lo llevaron a un hospital del IESS. En la madrugada del 28 de noviembre de ese año lo trasladaron en ambulancia al Hospital de la Policía de Quito, en donde le confirmaron que no volvería a caminar.

Pasaron seis meses y el agente no quería saber nada de su caso, a pesar de que le dijeron que hubo un detenido. Fue entonces que decidió ir al juicio y mirar a su verdugo que nunca aceptó su culpabilidad.

“Le dieron ocho años de prisión por tentativa de asesinato. Cumplió dos y obtuvo la prelibertad”, rememora desde su oficina en Cotacachi, de donde es oriundo.

Ahora, Lozano tiene 41 años y no solo trabaja en la Policía, también es abogado. Para el doctor Núñez, este tipo de predisposición hace que la reincorporación en otras áreas sea menos traumática.

Y esa misma garra por sobrevivir es la que ha hecho que el capitán Villafuerte no se deje vencer. Quizás en su mente está consciente del embarazo de su esposa y que necesitará la misma vitalidad que tuvo antes del disparo. Todo para ver crecer a su hijo.

OTRAS HISTORIAS

Angélica Borja, sargento segundo, trabajaba en el servicio rural en Carchi, en un sector llamado Piquiucho hasta el 6 de septiembre de 2009. Esa fecha, un grupo de personas se acercó donde la uniformada para decirle que a pocos kilómetros había ocurrido un accidente de tránsito.

“Mis superiores y yo nos fuimos a atender ese auxilio”. Llegaron al lugar y vieron que hubo un choque entre tres vehículos. Para investigar el suceso, los agentes cercaron el sitio con conos de plástico y cuando pedían datos apareció un tráiler, atropellando a policías y civiles.

Hubo más de 12 víctimas, entre ellas una fallecida y la sargento Borja, quien perdió la conciencia por el impacto. “Me trajeron a Quito para brindarme la atención médica”, recuerda.

El daño más severo fue en su pierna derecha, que no pudieron salvar los galenos y tuvieron que amputarla. En la izquierda, en cambio, le pusieron una prótesis completa. “También tengo una cicatriz en mi rostro que me recuerda, todos los días, que estuve a punto de morir”.

Tomó más de un año para que Borja se recuperara e integrara a la Unidad de Atención al Personal Policial con Discapacidad, en el hospital de la institución. Ahora su condición es sinónimo de lucha, ya que ha recibido algunos galardones por su perseverancia y desempeño deportivo como la natación y tiro de arco.