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El CNE aprueba pedido para suspender la jornada laboral del 6 de febrero

Se proyecta que el escrutinio se extienda hasta altas horas de la noche. El día librado tendrá carácter de recuperable.

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Se proyecta que el escrutinio se extienda hasta altas horas de la noche. El día librado tendrá carácter de recuperable.canva

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el 25 de enero de 2023 presentar una solicitud a el presidente Guillermo Lasso para que declare descanso el 6 de febrero, un día después de los comicios. Esto con base a un informe técnico que señala qué la jornada del 5 de febrero empezará desde la 06:30 y podría llegar a extenderse hasta el día siguiente.

De acuerdo a los cálculos del organismo electoral el escrutinio de votos para las autoridades seccionales podría demorar unas 5 horas con 58 minutos. En tanto que, contar los votos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el referéndum planteado por el presidente tomaría 5 horas con 34 minutos.

Las mesas electorales cierran a las 17:00 por lo que en el mejor de los casos el proceso concluiría cerca de las 23:00.

El consejero electoral José Cabrera señaló qué la jornada será extensa no solo para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto sino para la ciudadanía en general por la cantidad de dignidades que hay que elegir a lo que se suma el referéndum.

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Recordó además que de los 4.380 recintos electorales unos 4.013 son unidades educativas, 63 son universidades que deberán ser adecuadas para recibir al día siguiente a los estudiantes, tarea que se podría dificultar por la hora de terminación del proceso.

A ese criterio se unieron la presidenta Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y la consejera Esthela Acero. En tanto que, Elena Nájera se abstuvo porque señaló que el CNE debe estar preparado para enfrentar este tipo de situaciones propias de la jornada, que el país lo que menos necesita es suspender sus jornadas laborales y el pedido podría generar suspicacias.

La solicitud es para que se suspenda el trabajo para el sector público y privado el 6 de febrero, con la condición de que este sea recuperable.