Como respuesta a los recientes atentados, la Policía Nacional triplicará su presencia en la Bahía con 60 uniformados. El comandante de la policía Víctor Ordoñez ratificó que los despliegues de seguridad serán permanente: "No levantaremos los operativos hasta detener a cada implicado", declaró a la prensa.

Ordoñez reveló que, previo al ataque que destruyó seis módulos y afectó dos locales de la Bahía, las autoridades habían sostenido una reunión con los comerciantes. Pese a que estos recibieron amenazas anticipadas sobre un posible atentado, optaron por no informar a la Policía. 

Las víctimas tenían conocimiento de las amenazas desde la mañana, pero no las reportaron. Sin una denuncia formal, nuestra capacidad de acción era limitada, explicó el comandante con evidente frustración.

El alto mando policial expresó su preocupación por la liberación judicial de varios sospechosos de extorsión capturados recientemente en el centro de Guayaquil.

A pesar de haber detenido a individuos con armas de fuego y a otros involucrados en atentados como el caso en la calle Ayacucho donde un sujeto resultó gravemente herido al manipular explosivos, los tribunales no han dictado prisión preventiva, denunció con frustración.

La Bahía tiene restricciones de acceso

Los daños materiales del atentado en La Bahía ascienden a USD 4.000-5.000 por cada uno de los seis módulos destruidos. Mientras el Cabildo asume la reconstrucción, Álex Anchundia gerente de Segura EP menciona que las cámaras de vigilancia revelan el modus operandi.

Donde se puede ver a los sospechosos desplazándose en moto, vehículo desde el cual habrían dejado el explosivo. Las autoridades revelaron un patrón alarmante: múltiples detenidos por extorsión en el casco comercial han recuperado su libertad por decisiones judiciales.

Como medida preventiva, el Municipio de Guayaquil implementará un cerco perimetral en La Bahía durante horarios no comerciales, prohibiendo completamente la circulación en estas franjas horarias.

Frente a los cuestionamientos, la empresa municipal de seguridad defendió la gestión municipal: aseguraron haber cumplido con las acciones bajo su jurisdicción (vigilancia tecnológica y patrullaje metropolitano), pero recordaron que la seguridad ciudadana es facultad constitucional de la fuerza pública.

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