“El alcalde ha manifestado que va a reparar los kioscos afectados por la explosión, y se lo agradecemos, pero lo importante es que se haga responsable de que esto no vuelva a ocurrir, porque mañana, o pasado, pasará lo mismo. ¿Seguirá reparando siempre kioscos acá en la Bahía?”, expresó con indignación Franklin Coloma, dirigente de la Asociación de Comerciantes Minoristas 6 de Enero, tras el atentado con explosivos que sacudió nuevamente la Bahía de Guayaquil la noche del martes 3 de junio.

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El hecho, ocurrido apenas un día después de otra explosión en la zona, reavivó el temor entre los comerciantes, quienes ya sienten que su actividad comercial se desarrolla “en vilo”. Coloma indicó que este jueves mantendrán una reunión con la Gobernación del Guayas para pedir que la Bahía sea militarizada de forma permanente, ante lo que califican como una crisis de seguridad sin precedentes. “Aquí vivimos más de cien mil personas directa o indirectamente del comercio. Son aproximadamente dieciséis hectáreas y que no tengamos un UPC en la zona es inadmisible”, sentenció.

Coloma sostiene que si bien la presencia policial ha aumentado desde esta semana, el problema no es nuevo ni imprevisible. “Aquí por el lado de Chimborazo han puesto cinco denuncias por extorsión desde mayo de este año. El Municipio y la Policía Nacional estaban advertidos. Cuando hubo las primeras detonaciones, (los delincuentes) mandaron un mensaje a través de los guardias y pusimos la denuncia directamente. Desde ahí recién hubo rondas en la madrugada, de 3 a 4 patrullajes por noche”, explicó.

Para el dirigente, el patrullaje actual es una reacción tardía y parcial, y reclama falta de coordinación con la Alcaldía. “Nunca ha habido coordinación con el alcalde en lo que respecta a la seguridad. Es verdad que el Municipio no tiene la responsabilidad completa, pero sí tiene la obligación de coordinar políticas para proteger a la ciudadanía”.

La Bahía reduce sus ventas

La respuesta estatal no tardó en llegar, al menos en presencia. Este 5 de mayo, en la calle Eloy Alfaro —justo frente a los locales afectados— se apostó un camión policial que funciona como Unidad Móvil de Atención Ciudadana (UMAC). A pocos metros, tres policías en motocicleta patrullaban el sector, mientras en la zona del atentado otros tres gendarmes repartían volantes con información sobre cómo denunciar hechos delictivos.

No obstante, los locales directamente perjudicados por la explosión permanecían cerrados. En contraste, los comercios aledaños atendían con cierta regularidad, aunque el flujo de clientes era visiblemente bajo. “Usted ve aquí, no hay es nadie. Esto nos ha afectado en la economía. Calculo yo, en un 85 por ciento han bajado las ventas desde mayo, cuando empezaron las bombas”, se lamentó Lucho Vásconez, comerciante de la zona. “Todo el mundo trabaja en vilo aquí, esperando no ser el siguiente”.

¿Denuncias anónimas serían la solución? Opiniones divididas

Una propuesta que ha cobrado fuerza en medio de este clima de violencia es implementar un sistema de denuncias anónimas con reserva de identidad, sugerencia planteada por el experto en Seguridad Kléver Carrión. Para Carrión, esto permitiría que los ciudadanos reporten extorsiones sin temor a represalias, superando los actuales obstáculos que imponen una Policía y Fiscalía con poca credibilidad y procesos “tortuosos”.

Franklin Coloma ve con buenos ojos la idea, siempre y cuando exista un control riguroso. “Que se pueda denunciar de forma anónima seguramente motivará a que más comerciantes lo hagan para que la UNASE actúe. Toda medida bien controlada y bien dirigida, en pro de la protección de los comerciantes, es bienvenida”.

Pero no todos comparten su optimismo. Vásconez, aún dolido por la situación que vive el sector, desconfía. “El anonimato siempre funcionó, pero ahora el anonimato es muy difícil. El comerciante no hará declaraciones porque ya no existe la garantía. Todas las instituciones están tomadas”, denunció. Recordó el caso de un colega que, tras ser extorsionado, fue a poner la denuncia. “Le dijeron ‘usted tiene que hacer el 80% y nosotros el 20%’. O sea que tenía que pagar la vacuna, para que ells hagan el seguimiento y luego lo capturaban”.

Polo Falconí, otro comerciante con más de 15 años en el sector, coincidió. “El contingente policial que ha venido ahora es solo una medida temporal. Esto es un problema estructural. Además, aunque las denuncias fueran anónimas, igual se pueden filtrar. No hay confianza en la justicia, ni en la Policía”, expresó. Falconí incluso relató que una familiar suya fue secuestrada en diciembre pasado, en el mismo sector, y desde entonces su percepción es que “la situación empeora cada día”.

La Bahía de Guayaquil: Un punto crítico que clama soluciones

La Bahía no solo es un eje comercial clave para Guayaquil, sino también un reflejo de cómo la violencia se ha incrustado en el tejido económico y social de la ciudad. La reparación de los módulos destruidos tras el atentado es un gesto necesario, pero insuficiente. “Lo que necesitamos no son más parches, sino un sistema estructural que nos garantice que no van a seguir explotando bombas en nuestra zona de trabajo”, enfatizó Coloma.

Mientras tanto, los comerciantes continúan trabajando entre la incertidumbre y el miedo. Las ventas caen, la clientela se aleja, y la confianza en las instituciones parece evaporarse. “No me quiero ni imaginar diciembre si esto sigue así”, dice Vásconez, bajando la mirada.

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