La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresó su apoyo a la reciente decisión de la Corte Constitucional que suspendió, de manera provisional, varios artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo: la Ley Orgánica de Integridad Pública, la Ley Orgánica de Inteligencia y la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional.

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Mediante un comunicado oficial, la CONAIE advirtió que dichas normativas fueron tramitadas bajo la figura de “urgencia económica” y contienen disposiciones que, a su juicio, atentan contra derechos fundamentales. Para la organización, esta estrategia refleja un intento del Gobierno por acumular poder estatal y restringir el debate democrático.

Defensa del rol de la Corte y advertencias a las autoridades

La CONAIE resaltó el papel de la Corte Constitucional como garante de los derechos ciudadanos y la democracia en el país. En su comunicado, sostuvo que la independencia de este organismo es esencial para preservar el equilibrio institucional y evitar el abuso de poder.

Frente a esto, la confederación expresó preocupación por las declaraciones de altos funcionarios del Estado tras el fallo judicial. 

Particularmente, cuestionó las reacciones de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quienes acusaron a la Corte de favorecer al crimen organizado. Una de las expresiones más polémicas vino desde el Gobierno, al calificar a la Corte con la frase: “Son enemigos de la ciudadanía”.

Rechazo a la narrativa oficial y llamado a la defensa institucional

La CONAIE consideró estas declaraciones como parte de una narrativa perversa, que busca deslegitimar a la Corte Constitucional y justificar una ofensiva política contra la justicia constitucional. En su postura, advirtió sobre los riesgos de estas acusaciones en un contexto de tensión institucional.

Asimismo, la organización exhortó al máximo órgano constitucional a mantenerse firme e independiente frente a futuras iniciativas legislativas. Advirtió que podrían existir nuevas propuestas que amenacen los derechos colectivos, los territorios ancestrales, y principios fundamentales como la autonomía de los pueblos y los derechos de la naturaleza.

El pronunciamiento concluyó con un llamado a la ciudadanía a establecer límites al poder autoritario y defender la institucionalidad democrática frente a cualquier intento de socavarla.

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