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¡Hallan chanchullo en la entrega de 794 carnés de discapacidad!

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entregó a la Fiscalía el informe preliminar de su investigación 

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La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, y el consejero David Rosero presentaron el informe en la Fiscalía.Ángelo Chamba

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entregó a la Fiscalía su informe parcial de investigación sobre la presunta entrega irregular de carnés de discapacidad.

 La presidenta del organismo, Sofía Almeida, acudió personalmente a la sede de la institución judicial. Detalló, previo a la entrega del documento, que esta investigación preliminar encontró presuntas irregularidades en la entrega en total de 794 carnés de discapacidad emitidos por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

“Venimos a presentar el primer informe parcial en el cual se presentan dos temas: en la posible red de corrupción en la emisión de carnés de discapacidad podrían estar vinculadas varias instituciones el Ministerio de Salud, IESS y Conadis. Además, un posible acto de tráfico de influencia, peculado y concusión”.

Almeida señaló como ejemplo que en Guayaquil solo una asistente administrativa emitió más de 497 carnés de este tipo, los que debieron ser aprobados por un Consejo Médico. No solo eso. En la emergencia sanitaria por la COVID-19, dijo, cuando existía una prohibición expresa de no emitir más documentos “se dieron más de 2.200 carnés”.

El consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, detalló que de los 794 carnés, 497 fueron emitidos por el Ministerio de Salud Pública y los 297 restantes por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para acceder a una jubilación especial por discapacidad. En ambas instituciones, según Rosero, no se cumplió lo que dicta la normativa vigencia para la entrega de dichos documentos a los beneficiarios.

Irán a la Contraloría

El informe no se quedará solo en la Fiscalía. Rosero dijo que también será entregado a la Contraloría General del Estado porque existe una falencia de carácter técnico “al no haber una normativa para el tema de la calificación de los procedimientos para la obtención de carnés que debía realizarse al año y lamentablemente se lo hace a los cinco años generando un posible perjuicio al Estado”. 

El Consejo de Participación también realiza un exhorto a la Asamblea Nacional para que se reforme la Ley de Discapacidades y “que no haya estas situaciones anómalas en cuanto a la emisión de estos beneficios”. Lo que recomienda el ente ciudadano es que se investigue a los implicados tanto funcionarios como beneficiarios de los carnés de discapacidad y todos los posibles delitos en torno a este caso.

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