El Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, ha presentado una propuesta concreta para una de las siete preguntas que serán sometidas a la Consulta Popular en diciembre de 2025. La iniciativa apunta a reducir el número de asambleístas de 151 a 71, con el fin de optimizar la representación legislativa en los tres niveles de elección: nacional, provincial y exterior.

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Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, detalló en una entrevista para La Posta que la cifra de 71 asambleístas responde a un modelo que garantiza la representatividad territorial y poblacional. Según Andino, “se ha considerado un número de 71 asambleístas”, con una distribución que incluye 10 representantes nacionales, uno por cada provincia, y un adicional para las provincias que superen los 400,000 habitantes. Además, se sumarían tres asambleístas por las circunscripciones del exterior.

Actualmente, el sistema electoral contempla 15 legisladores nacionales, dos por cada provincia o distrito metropolitano, y un representante extra por cada 200,000 habitantes. En el exterior, se eligen seis asambleístas. La propuesta implica una reducción significativa: cinco asambleístas menos a nivel nacional y la disminución de representantes en el exterior de seis a tres, y demás.

Esta propuesta llega luego de que el censo de 2022 registrara un aumento poblacional, lo que en el periodo actual llevó a incrementar el número total de legisladores a 151. Sin embargo, el Ejecutivo considera que, aun con los datos más recientes, la nueva cantidad es suficiente para mantener un equilibrio adecuado en la representación política. “Esto no altera la representatividad porque todas las provincias van a tener un representante y las más grandes uno más”, afirmó Andino.

¿Cómo afectaría esta reducción a la representación política en Ecuador?

La reforma planteada implica una modificación en el sistema de elección que también será sometida a votación popular, a través de la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?”

Entre las ventajas que se mencionan están la simplificación del aparato legislativo y el ahorro de recursos públicos, mientras que algunos sectores podrían expresar preocupación por una posible disminución en la diversidad y cobertura de intereses regionales.

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