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Correa quiere consulta popular el día de las elecciones

El objetivo del Primer Mandatario es obtener la aprobación de los ecuatorianos para evitar la salida de capitales hacia los paraísos fiscales

Presidente Correa en Corte Constitucional
El objetivo del Primer Mandatario es obtener la aprobación de los ecuatorianos para evitar la salida de capitales hacia los paraísos fiscalesRené Fraga

Rafael Correa solicitó este lunes 24 de octubre al máximo organismo legal del país la aprobación de su pedido a una consulta popular para prohibir que funcionarios públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. El objetivo del Primer Mandatario, quien dejará el cargo el próximo año tras una década en el poder, es obtener la aprobación de los ecuatorianos para evitar la salida de capitales hacia estos lugares, que entre el 2014 y 2015 significó más de 3.000 millones de dólares, según datos oficiales.

“Los paraísos fiscales constituyen una de las peores aberraciones del actual orden mundial”, dijo Correa en una audiencia en la Corte Constitucional para sustentar su pedido. “Es poco lo que puede hacer probablemente un país pequeño (...) pero seguiremos tratando de dar ejemplo al mundo entero y dentro de nuestro país debemos tomar medidas drásticas”, agregó.

La consulta popular tendrá una sola pregunta y se realizaría el 19 de febrero del 2017, el mismo día de los comicios presidenciales. Esto ha despertado críticas de la oposición respecto a que Correa podría interferir directamente en la campaña electoral.

En la propuesta se incluyen, además de funcionarios, a ecuatorianos que desempeñen un cargo de elección popular, reformas a varias leyes por parte de la Asamblea Nacional, un plazo de un año para que los funcionarios regresen sus capitales y sanciones como destitución del cargo. Ecuador tendría unos 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales, es decir, un 30 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), según el Mandatario.

La propuesta de Correa se enmarca en las filtraciones de los llamados Papeles de Panamá, que dejaron en evidencia una red de corrupción al interior de la estatal Petroecuador con empresas constituidas por funcionarios en paraísos fiscales. “Si no hubiese paraísos fiscales no hubiesen tenido tanta facilidad para los cohechos, para las corruptelas y no sólo del lado público sino del lado privado”, agregó Correa. La Corte Constitucional tiene un plazo de 10 días para pronunciarse sobre el pedido del Presidente.