Frente a un escenario de preocupación ciudadana por el incremento en los precios y la escasez de mascarillas en varias ciudades del país, el Gobierno ha decidido intensificar los controles comerciales. La medida se produce tras el crecimiento sostenido de casos de tosferina, que ha provocado una alta demanda de estos insumos de bioseguridad.

La situación ha generado denuncias de especulación en puntos de venta en Quito, Guayaquil y otras localidades. Además, se han reportado casos de encarecimiento abrupto, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a adquirir mascarillas en zonas alejadas o mediante envíos particulares entre provincias.

Operativos se desplegarán en todo el país

El Ministerio de Gobierno anunció, mediante un boletín oficial emitido este 6 de mayo, el despliegue de un plan nacional de intervenciones con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a mascarillas. La medida responde al Acuerdo Ministerial Nº 069 y se enmarca dentro de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

Los operativos serán ejecutados por las Intendencias Generales de Policía y se realizarán en establecimientos como tiendas, micromercados, farmacias, mercados y ferreterías. Se revisarán los márgenes de ganancia, la documentación que respalde la compra de los productos y la correcta exhibición de precios.

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Los equipos que ejecutarán los controles actuarán en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Estas instituciones levantarán informes técnicos y podrán aplicar sanciones en caso de encontrar irregularidades, evasión tributaria o prácticas comerciales abusivas.

El marco legal que sustenta estas acciones incluye también el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referido al delito de especulación, además del Código Orgánico Administrativo (COA).

Mascarillas obligatorias por alerta sanitaria

La intensificación de los controles coincide con las nuevas disposiciones adoptadas por los Ministerios de Salud y Educación, que establecieron el uso obligatorio de mascarillas en unidades educativas de las provincias de Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha. Esta medida, adoptada desde el lunes 5 de mayo, tendrá una vigencia inicial de 60 días.

Además, se dispuso que los estudiantes con síntomas no acudan a clases y reciban atención médica oportuna. La tosferina, enfermedad bacteriana que afecta principalmente a niños y lactantes, ha provocado al menos 11 fallecimientos en lo que va del año, de los 321 casos confirmados a nivel nacional, según datos oficiales.

Denuncias por especulación y sanciones 

El Ministerio de Gobierno advirtió que, de identificarse irregularidades en los establecimientos, estos podrán ser citados o clausurados de manera preventiva. Esta decisión se aplicará cuando se compruebe que se han vulnerado los derechos del consumidor, como en casos de precios excesivos o falta de justificación en el incremento del valor de los productos.

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 ya se habían presentado situaciones similares de especulación, por lo que ahora se busca evitar que se repita ese escenario. El Gobierno reiteró mantener la transparencia en los precios y proteger a la ciudadanía frente a prácticas que pongan en riesgo su acceso a insumos básicos de protección.

Las autoridades reiteraron que estos operativos se mantendrán durante todo el periodo que dure la contingencia sanitaria, reforzando la vigilancia sobre los productos de bioseguridad. De esta forma, se busca asegurar su disponibilidad en el mercado, especialmente en las zonas más afectadas por el brote de tosferina.

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