El presidente Rafael Correa, negó este sábado 17 de diciembre que sean “tierras ancestrales” el lugar donde se produjo una violenta protesta contra un campamento de la minera china ExplorCobres (EXSA), que dejó un policía muerto y siete heridos.

“Nunca fueron tierras ancestrales. Son tierras de colonos dedicadas a la producción agrícola y pecuaria hace décadas, que han sido compradas legalmente por la empresa Ecuacorriente”, dijo Correa en su informe semanal de labores.

Comunidades de la etnia shuar sostienen que hace varios meses fueron desalojados por la fuerza pública de sus territorios en la provincia amazónica de Morona Santiago (sureste, fronteriza con Perú) para “dar paso a la explotación minera a cielo abierto” por parte de EXSA.

Según el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, los indígenas shuar “son legítimos propietarios” de territorios en los que habitan ancestralmente.

El mandatario agregó que en el año 2000 la empresa compró los terrenos a una pareja de colonos e insistió en que “eso no es selva virgen que se está afectando”.

EXSA, que está a cargo del estratégico proyecto Panantza-San Carlos, ha indicado que cuenta con permisos para la fase de exploración avanzada de cobre mediante una concesión para 25 años de un área de casi 41.800 hectáreas.

Los indígenas, que el jueves pidieron la mediación de la OEA, la ONU y la Iglesia Católica en el conflicto, han intentado “recuperar” sus tierras, protagonizando protestas contra el campamento minero de EXSA, que en noviembre pasado ya dejaron 14 uniformados y un guardia civil heridos.

“Ahora nos vienen con que la ONU, OEA para el diálogo. Llamen a quién les dé la gana, pero primero capturar y sancionar a los asesinos” del policía, señaló Correa.

Además el ministerio del Interior ofreció este sábado 50.000 dólares de recompensa para quienes entreguen información que permita detener a los responsables de la muerte del uniformado.

Tras el ataque del miércoles, en el que también resultaron heridos siete policías, el gobierno decretó el estado de excepción en Morona Santiago por 30 días, lo que le permite movilizar tropas para garantizar el orden.