La Corte Constitucional del Ecuador resolvió la suspensión provisional de artículos específicos en tres leyes recientemente promulgadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, luego de admitir varias acciones públicas de inconstitucionalidad. Las normas cuestionadas fueron tramitadas por la vía de urgencia económica y aprobadas por la Asamblea Nacional, lo que generó una rápida respuesta por parte del alto tribunal.

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La decisión fue anunciada este lunes, 4 de agosto de 2025. La Corte enfatizó que las medidas tomadas responden al proceso de admisión de las demandas, y que “estas actuaciones son técnicas y jurídicas, pero no constituyen aún pronunciamiento de fondo sobre los procesos iniciados”.

¿Qué leyes fueron afectadas y qué artículos se suspendieron?

El pronunciamiento de la Corte se desglosa en tres casos distintos que afectan las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional.

1. Ley Orgánica de Integridad Pública

• Caso Nro. 60-25-IN: Se dictó la suspensión de la disposición transitoria décimo primera.

2. Ley Orgánica de Inteligencia

• Caso Nro. 86-25-IN: Se aceptaron medidas cautelares sobre los artículos de la ley 5, 13, 22, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52 y 55; y del reglamento: 9, 16, 17, 25, 33, 34, 35, 36 y la disposición general primera.

3. Ley Orgánica de Solidaridad Nacional

• Caso Nro. 57-25-IN: Se suspendieron los artículos 6, 9, 13 y 14.

Además, en el marco de este proceso, la Corte también admitió nuevas demandas dirigidas contra otras disposiciones de la Ley de Integridad Pública.

¿Por qué la Corte aplicó medidas provisionales?

Según el pronunciamiento oficial, la Corte identificó que los artículos suspendidos podrían afectar derechos fundamentales a primera vista, por lo que actuó de forma preventiva mientras avanza el estudio de fondo. Este tipo de medidas cautelares busca evitar daños irreparables mientras se define la constitucionalidad de las normas impugnadas.

El organismo añadió que continuará con el análisis del resto de demandas en estricto orden cronológico, como lo establece el procedimiento legal.

La intervención del máximo tribunal ocurre en un contexto político donde las iniciativas legislativas del Ejecutivo, impulsadas bajo el carácter de urgencia, han sido objeto de críticas por posibles vulneraciones a principios constitucionales y al debido proceso legislativo.

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