La Corte Constitucional aceptó la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Inteligencia y convocó una audiencia pública telemática. La UNE y el FUT llaman a organizaciones sociales a participar como ‘amicus curiae’, mientras persisten cuestionamientos sobre la recolección de datos sin orden judicial.

(Lea también esta nota interesante: Jordán, Salcedo, Aleaga y Serrano; a responder por crimen de Fernando Villavicencio)

Corte Constitucional y la audiencia 

La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) contra la Ley de Inteligencia y convocó a una audiencia pública telemática para escuchar los argumentos a favor y en contra de la normativa. 

La diligencia está programada para el 1 de septiembre de 2025, y esta será supervisada por la jueza sustanciadora Alejandra Cárdenas.

Une solicita participación de otras organizaciones 

La Unión Nacional de Educadores (UNE), aliada del FUT, invitó a otras organizaciones sociales a presentar amicus curiae para respaldar la demanda en contra de esta polémica ley, que hasta el día de hoy no consigue tregua. 

Además, se resaltó que se realizarán plantones en Quito vinculados a los procesos contra las leyes de Solidaridad Nacional e Integridad Pública, como parte de la movilización ciudadana en defensa de la transparencia y la legalidad.

Controversia sobre la Ley de inteligencia 

La Ley de Inteligencia, impulsada por la mayoría oficialista en la Asamblea y tramitada en la Comisión de Seguridad presidida por Inés Alarcón, incluye la creación del Sistema Nacional de Inteligencia.

Entre sus disposiciones más polémicas se encuentra la obligación de entidades públicas, privadas y operadoras telefónicas de entregar información histórica de hasta cinco años sin requerir, según algunas interpretaciones, una orden judicial. 

También permite la retención, apertura e interceptación de documentos o comunicaciones privadas por motivos de “seguridad nacional”.

Suspensión de artículos 

La Corte Constitucional ya suspendió la aplicación de varios artículos de la Ley de Inteligencia, mientras se revisa su constitucionalidad, en tal caso que esta ley sea inconstitucional se la dará de baja. 

Además, se han programado otras audiencias, el 25 de agosto se tratarán las demandas contra la Ley de Solidaridad Nacional y el 28 de agosto las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Todas estas diligencias se realizarán de forma telemática para garantizar el acceso controlado de las partes involucradas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!