El Gobierno de Ecuador aún no ha aclarado el financiamiento de la marcha del 12 de agosto de 2025 contra la Corte Constitucional, convocada por el presidente Daniel Noboa tras la suspensión de varios artículos de leyes oficiales. La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, señaló que le corresponde a la prensa investigar el origen de esos recursos.

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Vocera señala a la prensa sobre el financiamiento

El 18 de agosto del 2025, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, fue consultada sobre los recursos económicos destinados a la marcha organizada por el Gobierno en contra de la Corte Constitucional (CC). 

Ella respondió que es responsabilidad de los medios de comunicación investigar el origen de ese financiamiento, ya que el Ejecutivo no ha proporcionado información al respecto.

Además, aclaró que los ministros que participaron en la movilización lo hicieron con autorización y usando días de vacaciones, descartando tajantemente que se trate de una actividad oficial dentro de sus funciones.

Trasfondo de la movilización 

La marcha se realizó el 12 de agosto de 2025, luego de que la Corte Constitucional suspendiera 17 artículos de tres leyes promovidas por el Gobierno y aprobadas con mayoría en la Asamblea Nacional. Este fallo generó tensiones entre el Ejecutivo y la Corte, lo que motivó a Noboa a convocar a la ciudadanía.

El recorrido partió desde el centro norte de Quito hasta la sede de la CC., a lo largo del trayecto se instalaron vallas con los rostros de los nueve jueces constitucionales y mensajes que los acusaban de “robar la paz” al país. También llegaron simpatizantes en buses desde distintas provincias, aunque el Gobierno no ha explicado quién asumió esos gastos logísticos.

Evaluación de la protesta según el Ejecutivo

Pese a las críticas, Jaramillo afirmó que la marcha cumplió su objetivo, pues permitió que la ciudadanía expresara públicamente su desacuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional. “El hecho de que la gente se haya manifestado y expresado su postura ya es un objetivo logrado”, declaró la vocera.

No obstante, admitió que no cuenta con información sobre el financiamiento de las vallas, carteles y otros recursos utilizados en la movilización, lo que mantiene abierta la polémica sobre la transparencia de la protesta.

Reacciones nacionales e internacionales

Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, calificaron como “inaceptables” los ataques directos a los jueces de la Corte a través de mensajes y carteles exhibidos en la marcha. Para estas entidades, el señalamiento público de magistrados afecta la independencia judicial y puede poner en riesgo su seguridad.

A nivel interno, la falta de claridad sobre el financiamiento ha generado cuestionamientos de la oposición y de sectores sociales que reclaman transparencia en el uso de recursos, más aún si se trató de un evento con fuerte despliegue logístico.

¿Qué pasará con la Corte Constitucional?

Tras la suspensión de los artículos, la Corte Constitucional ha convocado a nuevas audiencias públicas. El 25 de agosto de 2025 se analizarán las demandas de inconstitucionalidad presentadas por varios sectores contra las leyes suspendidas.

Asimismo, el 28 de agosto está prevista una diligencia enfocada en las acciones contra la Ley de Integridad Pública, una de las iniciativas más relevantes del Gobierno de Noboa.

Estas sesiones podrían marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y la Corte, en un escenario de creciente tensión política e institucional.

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