La Corte Constitucional redujo el cuestionario propuesto por el presidente Daniel Noboa para su consulta popular: de siete preguntas quedó en cuatro tras el control de forma que realizó el órgano de interpretación constitucional. El fallo no rechazó el fondo de las propuestas, sino la vía por la que algunas de ellas pretendían tramitarse, lo que obligó a ajustar el paquete que podría llegar finalmente a las urnas.

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La selección deja en pie cuatro asuntos que continuarán su tramitación para poder ser convocados: el regreso de bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, la implementación del trabajo por hora para el sector turístico y la reducción del número de asambleístas. De ese grupo, dos implican un procedimiento distinto al de los otros dos: las iniciativas sobre bases militares y financiamiento público deberán avanzar como reforma parcial, lo que implica paso por la Asamblea Nacional; en cambio, las propuestas sobre turismo y el tamaño del Legislativo superaron el primer control como enmienda y no requieren la intervención parlamentaria para seguir su curso.

¿Qué preguntas seguirán en la consulta?

• Regreso de las bases militares extranjeras
• Eliminación del financiamiento público a partidos políticos
• Trabajo por hora para el sector turístico
• Reducción del número de asambleístas

El trámite administrativo ahora exige que las dos preguntas que fueron admitidas como reforma parcial pasen por la Asamblea Nacional antes de que el Ejecutivo las incorpore en el decreto que oficializa la convocatoria. Para las otras dos, la vía de la enmienda permite que avancen sin ese paso legislativo previo. Este esquema divide las responsabilidades institucionales entre el Legislativo y el Ejecutivo según la forma jurídica que determinó la Corte.

¿Qué quedó fuera y por qué?

Quedaron fuera del paquete original las preguntas sobre la reapertura o retorno de los casinos, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional. La decisión de la Corte no se basó en valorar el contenido de esas propuestas, sino en señalar que no pueden tramitarse mediante enmienda constitucional. En particular, la extinción o traslado de funciones del CPCCS, según precedentes del propio tribunal, corresponde a la vía de reforma parcial y por tanto necesita el concurso de la Asamblea.

En la práctica, esto deja al Ejecutivo con dos rutas posibles: insistir por la vía de la reforma (con los tiempos y mayorías que ello implica en la Asamblea) o limitar la consulta a lo que ya estuvo habilitado por la Corte. El presidente, en declaraciones a Univisión, sostuvo que la consulta popular que impulsa se realizará a finales de 2025, una fecha que, según observadores, complica la posibilidad de recomponer el paquete incluyendo las preguntas que ahora quedaron fuera, puesto que los plazos para tramitar reformas parciales en la Asamblea suelen ser más largos.

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