El ministro del Interior, John Reimberg expresó su malestar por el supuesto mal accionar de una fiscal en un crimen violento registrado en Quito. “¿Hasta cuándo seguiremos tolerando este tipo de cosas por parte de los operadores de justicia?”, escribió en un post en su cuenta de X.

El caso que causó controversia

El funcionario señaló que la fiscal solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para un ecuatoriano y un venezolano que estarían inmersos en el crimen de un sujeto el 29 de julio, en Tumbaco, al oriente de la ciudad. El cuerpo de la víctima fue encontrado con varios disparos en un terreno baldío.

Tras las diligencias investigativas por parte de la Unidad de Muertes Violentas de la Policía, ubicaron a los presuntos autores del hecho. Además, encontraron el taxi en el cual se habrían movilizado luego del crimen y tenían las grabaciones de las cámaras de seguridad, que los ubicarían en el lugar del homicidio.

Análisis de una abogada 

Pese a los indicios presentados por los investigadores, la fiscal no solicitó la prisión preventiva para los sospechosos. EXTRA accedió al acta de resumen de la audiencia del caso y constató aquello. La jueza que recibió la causa indicó durante la resolución que “la fiscal ha considerado algunos elementos que le han permitido solicitar las medidas cautelares”.

La abogada Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, dijo que detrás de este caso existiría un tema de corrupción y presume que ocurrió algún arreglo ‘trucho’ entre la fiscal, los abogados defensores de los sospechosos y estos últimos.

¿Cómo evitar la corrupción en estos casos?

Zumárraga señaló que en este tipo de delitos, en los que existe una alta posibilidad de que los presuntos criminales se fuguen del país para no continuar con el proceso legal, es necesario que se solicite la prisión preventiva. Según la jurista, la fiscal debió demostrar, con elementos suficientes, que los detenidos participaron en el hecho delictivo.

La experta añadió que en este tipo de casos se podría reformar la ley en aspectos como enviar directamente a prisión preventiva a sospechosos a los que se les pueda comprobar que tienen antecedentes penales. En este caso, Reimberg aseguró que el extranjero tiene varias causas pendientes con la justicia de Venezuela.

Sin embargo, Zumárraga reconoce que este tipo de cambios podrían afectar otros aspectos, como la presunción de inocencia del implicado, aunque para ella serían necesarios “para evitar estos claros casos de corrupción”.

Al final, los dos procesados se defenderán en libertad. Tienen prohibido salir del país y deben presentarse cada semana ante la autoridad hasta que se resuelva el caso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!