Actualidad
Defensoría del Pueblo y la Iglesia rechazan pedido de pasado judicial para venezolanos
Aseguran que la medida es inconstitucional y refieren que aumenta la intolerancia y la xenofobia.
Monseñor Eugenio Arellano, representante de la iglesia católica reflexionó sobre la poco posibilidad de los extranjeros de conseguir dichos documentos.
Insisten en que la Iglesia debe acoger “a cualquier persona que pase necesidad, entre ellas los inmigrantes”. Hoy, los representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitieron un comunicado en el que exhortan a combatir el racismo y la xenofobia.
Esto luego de la ola de violencia que se habría desatado por del asesinato de Diana Ramírez, en Ibarra el fin de semana pasado, a manos de un ciudadano venezolano. Para la iglesia, el asociar ese crimen con la nacionalidad de su autor es un error.
El escrito resalta que los ecuatorianos debemos “pasar de la mera tolerancia con los demás a un respeto real de sus diferencias”. También se hace un pedido a los inmigrantes para que respeten el territorio que los acoge, su gente, sus leyes y sus tradiciones.
Al pedido de la Conferencia se suma la Defensoría del Pueblo y, en conjunto hacen llamado a las autoridades para “dejar sin efecto la disposición de exigir el pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos que ingresan Ecuador”.
Monseñor Eugenio Arellano, representante de la iglesia católica reflexionó sobre la poco posibilidad de los extranjeros de conseguir dichos documentos. “Son casi imposibles de alcanzar”, refirió en una rueda de prensa junto a Gina Benavides, defensora del Pueblo.
Para ella, la solicitud del pasado judicial podría agravar la crisis migratoria, además refiere que es inconstitucional. Cree que si la situación continúa así se fomentará delitos como la trata y la explotación laboral.
La Defensoría del Pueblo solicitó mediante un comunicado a la Cancillería que se garantice la seguridad de ciudadanía ecuatoriana en Venezuela, al Ministerio del Interior que precautele la seguridad de los y las defensoras de los derechos humanos ante los últimos hechos.
También pidió al Ministerio de Educación que se asegure el regreso de los niños venezolanos a las aulas y que se controle posibles reacciones en su contra. Esto además de promover la convivencia y la solidaridad.
La representante de la dependencia rechazó sobre todo la violencia hacia la mujer. “Las mujeres que habitan en Ecuador están en un riesgo latente y esto obedece a la ausencia de una política estatal efectiva para cumplir con el mandato constitucional de su erradicación”, dijo.
Benavides considera que la violencia no solo es un delito, sino una violación a los Derechos Humanos. Se trata de un problema social estructural grave que exige una respuesta de carácter integral a través de políticas de prevención, protección, lucha contra la impunidad y reparación integral.
Por su parte Arellano aseguró que la Iglesia Católica reconoce la nulidad del matrimonio por maltrato y violencia. El presidente de la Conferencia Episcopal incitó a las mujeres a dejar una relación violenta, antes de que termine en femicidio.