¡Utilizan a niños como escudos!

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¡Utilizan a niños como escudos!

La Fiscalía ha detectado un repunte en estos casos en el Puerto Principal. Los menores son empleados, sobre todo, en microtráfico de drogas, robos y hurtos.

Foto de Sistema Granasa
A mediados del año 2015, esta señora fue detenida tras utilizar a sus hijos en el tráfico de sustancias estupefacientes.

Las habituales risotadas de niños que juegan y corren en parques reflejan la alegría con la que viven. Esto, sin ellos imaginar el peligro que los acecha no solo afuera de sus hogares sino, también, ¡hasta en su propia familia!

Esto ocurrió con dos hermanos, de 5 y 7 años, en el sector La Chala, suroeste de Guayaquil, por cuenta de su propia madre, quien los usaba para traficar heroína.

Los pequeños llevaban en sus bolsillos sobres con la sustancia que, luego, eran retirados por los consumidores. Estos, valiéndose de la ingenuidad de los infantes, los correteaban brevemente hasta obtener la droga y dejar en su lugar las monedas del pago.

Pero ese cuento, de jugar al policía y al ladrón, no se lo ‘comieron’ algunos lugareños, quienes denunciaron de manera anónima el hecho. La Policía Antinarcóticos, tras labores de investigación, desplegó un operativo capturando a la mamá de los infantes.

El fiscal que intervino en el caso, Fabrizzio Neira Jiménez, explicó que la mujer había convertido su vetusta casa en un centro de operaciones para el tráfico de drogas. Al final, la mujer recibió la pena máxima por tráfico de drogas: 13 años.

El funcionario aclaró que el caso se registró hace un par de años cuando él pertenecía a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional Internacional (Fedoti).

“Pero su sentencia no solo quedó ahí. Por el hecho de haber utilizado a los niños recibió una agravante que contempla el aumento de su pena en un tercio. Es decir, que permanecerá privada de su libertad por aproximadamente 17 años”, citó el jurista.

El fiscal Neira argumentó que los casos en los que se usaban a niños para cometer delitos eran comunes en el Puerto Principal, pero después desaparecieron. Ahora es que se vuelven a reactivar.

Sin embargo, “hace unos tres meses se empezaron a ver nuevamente casos bajo esta modalidad (...). Usan niños de entre 5 y 10 años. Lo hacen porque saben que la criatura no es punible pero su representante o quien lo utilice, sí. Contra ellos va todo el rigor de la ley, con las circunstancias agravantes establecidas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, aseguró.

El operador de justicia aclaró que en el numeral 10, del artículo 47 del COIP, se precisa como agravante la utilización de niños para perpetrar cualquier delito.

Con esto coincidió el fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes, Víctor González Delgado, quien además hizo una precisión: “según el artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se considera niño o niña a quien no haya cumplido doce años, porque a esa edad, hasta antes de cumplir 18, pueden ser considerados adolescentes infractores y se los puede sancionar con medidas socioeducativas o, incluso, con internamiento preventivo si es un caso muy grave”.

Para González, “está claro que a los niños no se los puede sancionar de ninguna manera, porque no están en la capacidad de discernir lo que hacen. Siempre hay un mayor de edad que va a estar monitoreando las actividades ilícitas, porque ellos se escudan con los pequeños para evitar ser sancionados”.

En los delitos que más son empleados los niños, son robos, donde se aplica violencia; hurtos, en los que no se utiliza la fuerza, y el tráfico de sustancias estupefacientes, donde por su dulce apariencia se busca evitar que llamen la atención de los investigadores.

“Los hurtos se ven, sobre todo, en centros comerciales, donde ingresan los niños después de que se les ha indicado agarrar ciertas prendas u objetos, que luego deben entregar a quien los haya enviado, que puede ser cualquier miembro de su núcleo familiar”, añadió el fiscal de Flagrancia.

También, esclareció que si el niño es descubierto, no es entregado de inmediato a su familia, porque primero “se lo pone a orden de un juez competente para que defina si debe ser entregado a sus padres o si debe permanecer bajo los cuidados del Estado en algún centro de cuidados o casa hogar, porque se debe establecer si en su propio hogar se están vulnerando sus derechos”.

Y para estos casos existe la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), que en la Zona 8, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, es liderada por el mayor Carlos Fuel Almeida.

“Al tratarse de este tipo de delitos, nosotros como Dinapen inmediatamente intervenimos para garantizar que los derechos del niño no sean vulnerados. Los separamos del entorno familiar que afecta a sus derechos y se pone a orden de la autoridad. Es una medida emergente”, declaró el oficial.

Adolescentes

Los delitos en los que más se involucran los adolescentes en la Zona 8, según las cifras de la Dinapen, son el microtráfico, el robo a personas y la tenencia ilegal de armas o explosivos.

El mayor Fuel mencionó que en el primer semestre de este año han sido descubiertos 182 adolescentes en el cometimiento de delitos, cifra igual a la del año pasado a la misma fecha, indicó.

Estos menores, aunque en menor cantidad, también comparecen en otros 17 delitos, como el asesinato, acoso sexual y hasta asaltos en entidades bancarias y locales comerciales, entre otros (ver infografía).

Por eso, el jefe policial recomendó que “nosotros como padres debemos ser responsables de las actividades que realizan nuestros hijos. No debemos descuidarlos”.

Casas de acogida

Albergaban a unos 3 mil niños

El pasado 1 de junio, mientras algunas autoridades festejaban el Día del Niño en una casa hogar de Guayaquil, la ministra de Inclusión, Berenice Cordero, detalló que en Ecuador existen 58 instituciones dedicadas a la acogida de los menores de edad en situaciones vulnerables.

En un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), se precisa además que en esas casas existían, a la fecha, aproximadamente 3 mil niños bajo sus cuidados.

“El Estado garantiza su derecho a una convivencia familiar y trabaja en un plan global con sus parientes, a fin de que efectúen modificaciones en el entorno, que faciliten su reinserción -en los casos posibles- o viabilicen su proceso de adopción”, concluye el boletín.