Miguel Macías Carmigniani es el gerente del Estudio Jurídico Macías Hurtado y Macías C.A. Desde 1975, en el ámbito privado, asesora y patrocina legalmente a compañías multinacionales y nacionales. Es miembro del Colegio de abogados del Guayas y de la Inter-Pacific Bar Association. Fue profesor de Derecho Procesal Civil y de Propiedad Intelectual en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Conferencista en foros nacionales y extranjeros

En la Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, publicada en septiembre 11 de 1990, actualizada el 29 de noviembre del 2016, bajo título ‘Comentario de Fallos’, se publicó la sentencia dictada por el Juez Primero de lo Civil de Guayaquil, en el juicio ordinario 1061-B que el doctor Miguel Macías siguió en contra de la Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil, y contra la constructora y urbanizadora Colinas de los Ceibos Curbceisa S.A., por el accidente que sufrió por una alcantarilla sin tapa mientras practicaba ciclismo en la ciudadela, el 6 de agosto de 1987.

Su caso marcó un precedente. Hoy, EXTRA dialoga con él sobre el proceso y analiza a la par qué tan viable y necesario resulta que, tras tantos huecos y alcantarillas sin tapas o zanjas sin muros de protección en la ciudad, las víctimas de los daños que esto provoca demanden al Municipio u otra entidad pública.

Para asentar un precedente debo de decir que esta es una ciudad muy permisiva, que tolera todo. Demandé a la Empresa Pública Municipal de Alcantarillado de Guayaquil por la irresponsabilidad que tuvo al tener una alcantarilla sin tapa en Colinas de Los Ceibos, donde tuve un accidente. Este me causó una serie de daños físicos, psíquicos y morales. Sufrí angustia, pérdida de sueño, que son parte de los daños morales. Antiguamente no había en la legislación ecuatoriana un artículo como los de ahora que permite que uno demande a instituciones de este tipo, a título de reparación por el daño moral que uno sufre. En efecto, muy poca gente ha seguido el proceso para pedir una indemnización por la falta de servicios públicos o el deterioro de la ciudad, que es enorme, como reportan ustedes a diario.

Fue más que todo histórico porque fue el primer caso que utilizaba esta disposición que en el Código Civil permitía demandar. Yo lo hice por los daños morales, no por otra cosa. Y es que me cosieron 30 puntos en la cara, no dormí un mes, no pude ir a trabajar, en fin... Sí, se sentó un precedente. Pero soy abogado, lo he sido toda mi vida, he sido litigante; por lo que no me fue tan difícil aplicar lo que decía la ley. En ese tiempo la ley del régimen municipal venía a ser lo que es ahora el Cootad. La Constitución de la República, además, establece en uno de sus artículos la responsabilidad del Estado en la prestación de los servicios públicos y garantiza la eficiencia de ellos, a través de sus empresas o empresas mixtas.

Yo no quería que otra persona sufra lo mismo que yo. Ellos me dieron una indemnización económica, que no era lo que buscaba. Ese no era mi fin, mi fin era el otro, pero el juez no lo consideró oportuno, que creo que era lo conveniente. La empresa promotora, a quien se demandó, también se excusó sosteniendo que la urbanización ya había sido entregada al Municipio y que este entonces era el responsable de velar por lo que ocurra. La Empresa de Alcantarillado, a la par, dijo que no podía responsabilizarse por el robo de las tapas de las alcantarillas, un problema aún vigente; pero el juez que determinó que sí era su responsabilidad la condenó a pagarme en esa época 3 millones de sucres.

Claro que sí. Me sentí defraudado porque me considero un buen ciudadano y esta demanda que seguí no fue por ningún afán económico, porque de hecho ese dinero lo di a una entidad benéfica, en este caso a Fasinarm. Yo lo que quería demostrar era que una persona natural sí podía demandar al Estado por los perjuicios sufridos, y lo demostré. Pero cambiar todo el sistema no fue posible. Y debió considerárselo.

La gente desiste más por el costo económico. Hoy es más fácil que antes el proceso, es más rápido. Antes se presentaba un reclamo a la empresa pública o mixta, ibas a un juez de lo civil, se apelaba el caso en la Corte Superior de Justicia y, tras ello, la sentencia iba a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, uno demanda a cualquiera de estas instituciones del Estado por la vía contenciosa administrativa, cuyo proceso no dura más de seis meses. Luego viene la apelación, que sube a Quito, pero definitivamente demandar ahora es más sencillo de lo que era antes de la reforma al Código Civil y Código Orgánico General de Procesos. Hoy, quien sufre un accidente que no le causa un mayor perjuicio económico puede demandar por el daño moral que le causa el siniestro. Y puede pedir, por ejemplo, la reparación de una calle que está llena de baches. Eso está clarísimo en el Cootad. En mi caso, repito, el juez rechazó la medida, pero se puede exigir eso y se puede ganar el caso.

Lo es. Hay falencias y el Cootad establece claramente que el Municipio, solo por citar un caso, debe planificar, construir y mantener la vialidad urbana. Lo mismo establece con otros servicios. Y la ley o las demandas no van solo para Guayaquil, se pueden aplicar en Samborondón, Quito y otras ciudades afectadas por los mismos problemas que sufren por las deficiencias de los servicios públicos.

Debemos dejar de ser una sociedad permisiva. Estoy consciente de que demandar a un municipio o empresa pública tiene un costo y, frente a ello, hay que tener paciencia, ganas y tiempo. A mí como abogado quizás no se me hizo complejo. Aun así, si están dispuestos a tener paciencia y pueden hacerlo, sugiero que demanden. La Constitución lo faculta, establece ese principio de responsabilidad. Debemos hacernos respetar. Lo que nos falta es que se demande. Que las autoridades respondan y sean responsables con sus actos. Lo que falta es sentar precedentes.