En una nueva fase de reestructuración institucional, el Gobierno del Ecuador anunció oficialmente este 24 de julio el inicio del proceso de desvinculación de 5.000 funcionarios públicos. La medida, que forma parte de un plan integral para optimizar el aparato estatal, fue informada desde el Palacio de Carondelet por la vocera oficial del Ejecutivo, Carolina Jaramillo.

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Este recorte administrativo busca reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del Estado. La vocera fue enfática al aclarar que los sectores de salud, educación y seguridad —incluidos médicos, enfermeras, docentes, policías y militares— no serán afectados por los despidos. Sin embargo, sí se contempla la salida de personal administrativo vinculado a estos sectores.

Según explicó Jaramillo, la medida responde a criterios de eficiencia institucional. “Este proceso de desvinculación está iniciando el día de hoy y tiene un carácter, una naturaleza y un objetivo que está basado en criterios de eficiencia”, declaró. Además, señaló que esta reestructuración abre espacio para “nuevos talentos que quieran trabajar y servir con responsabilidad, integridad y compromiso por el bienestar del país”.

¿A quién afecta esta medida y qué busca el Gobierno?

El Gobierno precisó que los 5.000 funcionarios que serán desvinculados pertenecen mayoritariamente al ámbito administrativo del Poder Ejecutivo, incluyendo parte del personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de otras instituciones sujetas a procesos de fusión. También se incluiría personal identificado como relacionado con redes de corrupción o que "obstruye el trabajo" institucional.

En respuesta a rumores sobre una posible desvinculación masiva que afectaría a 100.000 empleados públicos, Jaramillo desmintió tajantemente esa cifra: “En este momento son 5.000. Los datos oficiales los estoy brindando ahora. No se habla de 100.000, esos no son datos oficiales”.

Entre los principales objetivos de esta acción están:

• Reducir el tamaño del aparato estatal.
• Reasignar recursos humanos de forma más eficiente.
• Combatir estructuras burocráticas improductivas.
• Alinear la gestión pública con un nuevo modelo de gobernanza.

¿Cómo se ejecutarán los despidos y cuáles son las garantías?

La vocera del Ejecutivo insistió en que todo el proceso se llevará a cabo respetando la Constitución y las leyes laborales vigentes. “Las desvinculaciones se harán cumpliendo todo lo que está en la norma y en la Constitución”, recalcó. No obstante, no se detallaron los mecanismos específicos de evaluación utilizados para seleccionar a los funcionarios que serán cesados ni cuántas de esas plazas serán posteriormente reemplazadas.

La decisión forma parte de un plan estructural más amplio que contempla la reducción de 20 a 14 ministerios, así como la consolidación de secretarías de 9 a solo 3. Entre los cambios anunciados, se encuentra también la reubicación de entidades clave como el ECU-911 y el sistema de atención a adolescentes infractores del SNAI, que ahora estarán bajo el control del Ministerio del Interior.

El Gobierno también aseguró que se respetará el derecho a la protesta pacífica por parte de los trabajadores afectados y de los sectores sociales. “Pueden hacerlo, están en total libertad y tienen derecho de hacerlo sin ningún problema. No hay ninguna preocupación al respecto”, señaló Jaramillo, en referencia a posibles manifestaciones.

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