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El detenido se hizo pasar por funcionario del SRI para exigir dinero a un negocio para no clausurarlo.Internet

Detienen a falso funcionario del SRI en Ambato ¿Cuánto pedía para no cerrar 'chongo'?

El capturado tenía una credencial de otra persona y fue procesado por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas

Un hombre fue detenido y será procesado por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas, luego de hacerse pasar por funcionario del Servicio de Rentas Internas (SRI) con el objetivo de exigir dinero a un negocio bajo la amenaza de cerrarlo.

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El hecho ocurrió el pasado 15 de mayo en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Según la denuncia asentada en la Fiscalía, un hombre identificado como Paulo C. se acercó a un centro de tolerancia en esta ciudad y exigió a la administradora la suma de $ 50 para no clausurar el negocio.

Ante la presión, la mujer accedió a pagarle la cantidad solicitada, luego de lo cual el hombre se retiró en un taxi. Sin embargo, los perjudicados no dejaron las cosas así y el dueño del negocio, la administradora y un guardia lo siguieron en otro vehículo al tiempo que llamaban al ECU-911 para alertar del ilícito.

Cuando la Policía llegó al sitió donde se encontraba el falso funcionario público, al norte de Ambato, encontraron en su poder una tarjeta de identificación del SRI con los datos de otro ciudadano, un teléfono celular y el dinero que habría recibido minutos antes por parte de la administradora del negocio.

¿Cuál es la sanción por usurpar o simular funciones públicas?

El COIP hasta tres años de prisión por la usurpación de funciones públicasInternet

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Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargo, el juez que conoció el caso acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el acusado durante los treinta días que durará la investigación.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) especifica en el artículo 287 que “la persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

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