Luego de volver a su despacho, Jorge Yunda continuó con sus actividades de alcalde de Quito, haciendo homenaje a los próceres del 2 de agosto de 1810. Entregó flores y presidió la sesión solemne desde el palacio municipal.

Lo hizo en medio de la confusión de los quiteños sobre quién mismo está al frente del cabildo: si él –luego de obtener la acción de protección que dejó sin efecto su remoción– o Santiago Guarderas.

Frente a esto, Carolina Moreno, representante del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, puso una denuncia en la Fiscalía de Pichincha en contra de Yunda, la tarde del domingo. En este caso, él enfrentaría cargos por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Esto está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Penal (COIP) y tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Según Moreno, las actividades oficiales de Yunda luego de la posesión de Guarderas son ilegítimas. “La remoción no es un proceso judicial, es administrativo y, por lo tanto, la autoridad máxima competente es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)”.

ABANDONO

En la sesión convocada por Yunda no estuvieron todos los concejales. Quien sí estuvo fue Guarderas, que cantó el Himno Nacional y luego se retiró de la sala de sesiones no sin antes decir que no avalaba la presencia de su rival político. “Por estas triquiñuelas es que Quito está en la inacción”, comentó a su salida.

Además calificó de aberración jurídica la resolución por la que Yunda volvió al despacho municipal.

Sin embargo, en esta semana, Guarderas hará una petición de acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional (CC) para que sea la entidad la que decida sobre este complicado tema.

CONVOCATORIAS

El concejal Fernando Morales dijo que la remoción es legal, luego de la ratificación del TCE a la decisión del Concejo Metropolitano.

Sin embargo, ante la incertidumbre, agregó que evaluará la posibilidad de asistir a las sesiones del legislativo municipal. “No podemos parar el trabajo de la ciudad”.

Brith Vaca, todavía vicealcaldesa, defendió su cargo, diciendo que se realizó en una sesión formal de Concejo. Insistió en que la Corte Constitucional tome el caso de forma urgente.