Uno de los retos de la lucha contra el narcotráfico en Ecuador es el control de pistas clandestinas que facilitan la movilización de drogas mediante aeronaves. La detección e inhabilitación de estos espacios se ha fortalecido desde 2023, pero aún se requiere apuntalar estas tareas operativas, según expertos consultados por EXTRA.

Estas labores se ejecutan mediante la vigilancia y control a cargo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), y trabajos de inteligencia desarrollado por las Fuerzas Armadas. De acuerdo con datos del Ministerio de Defensa Nacional, en 2023 se inhabilitaron ocho pistas de este tipo, mientras que en 2024 se destruyeron más de 30 a escala nacional.

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El ministerio y la FAE han informado sobre estas acciones con mayor frecuencia desde finales de 2023 a través de sus redes sociales y portales web.

Según la información difundida, las provincias donde principalmente se han descubierto estos terrenos son Santa Elena, Guayas, Cotopaxi, El Oro, Morona Santiago y Manabí. La mayoría de las pistas clandestinas se encuentran en áreas de tierra aplanada, aptas para el aterrizaje y despegue de aeronaves de bajo y mediano rendimiento.

¿El uso de radares y mapeo podría ayudar a frenar el narcotráfico?

Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y exdirector de Inteligencia del Ejército, dice que para el país es importante contar con un sistema integrado de radares que permita localizar la aproximación de aeronaves y, a partir de ello, ubicar las pistas en las que aterrizan.

Actualmente, Ecuador refuerza este control mediante el Sistema Cooperativo de Integración de la Información Situacional Aérea, que, según el Ministerio de Defensa Nacional, “integra y permite el intercambio de información de los radares de los países miembros de la región, incluidos los radares transhorizonte de muy largo alcance de Estados Unidos”.

Pazmiño añade que otro aspecto crucial es que el Instituto Geográfico Militar realice un mapeo, especialmente del litoral ecuatoriano, para determinar la ubicación de las pistas clandestinas con posicionamiento cartográfico y así realizar operaciones de verificación. De encontrarse pistas clandestinas o destinadas al narcotráfico, estas deben ser destruidas de inmediato.

El experto también explica que el crimen organizado busca disponer de pistas a partir de actividades legales, como la fumigación de plantaciones con avionetas, para lo cual necesitan espacios de aterrizaje y despegue. “El crimen organizado también puede comprar este tipo de terrenos o haciendas que tengan zonas planas; si ya tienen pistas, mucho mejor”, señala.

Esta problemática implica poner especial atención en quiénes están detrás de las propiedades o terrenos donde se han descubierto narcopistas.

Zonas con pistas clandestinas en Ecuador

El general en servicio pasivo y docente universitario José Luis Castillo detalla que la mayor parte de las pistas clandestinas se encuentra en el sur de la provincia del Guayas y en Santa Elena, así como en el sur del oriente ecuatoriano, cerca de la provincia de Loja. Estas zonas son escogidas por presentar áreas planas que facilitan la adecuación de sitios de aterrizaje y despegue.

“Se ha determinado que vuelan especialmente al amanecer o en los últimos instantes de la tarde. Prefieren esas horas porque aprovechan la transición entre la oscuridad y la luz; al anochecer es más difícil identificar dónde aterrizaron”, explica.

Según Castillo, los criminales aprovechan otra ventaja: “Las pistas clandestinas se pueden construir en 48 o 72 horas, porque estas aeronaves pequeñas no necesitan un gran espacio. Se hacen rápido, en lugares difíciles de controlar. El reto es lograr un control efectivo del territorio nacional en sus ámbitos terrestre, naval y aéreo”.

Más tecnología, una tarea pendiente

Castillo subraya que, frente a estas facilidades de los narcocriminales, la tecnología es clave para mejorar el control aéreo y localizar estas pistas. Mantener aeronaves tripuladas sobrevolando todo el tiempo resulta muy costoso, sobre todo considerando que el espacio aéreo ecuatoriano se extiende hasta Galápagos.

Por eso es más productivo sumar aviones no tripulados o drones, capaces de tomar fotografías y registros. En febrero de 2025, la FAE anunció que se realizó con éxito un vuelo de prueba de una aeronave no tripulada, que permitirá controles aéreos en zonas de difícil acceso, no solo para detectar pistas clandestinas, sino también otras actividades ilícitas, como la perforación de poliductos de combustible o la minería ilegal.

El aparato fue fabricado por ingenieros y técnicos del Centro de Investigación y Desarrollo de la FAE, con materiales compuestos de fibra de vidrio y carbono. La inversión fue de 15.000 dólares, mientras que en el mercado un aparato similar cuesta alrededor de 60.000. La idea es producir estas aeronaves en serie para fortalecer las tareas de vigilancia aérea.

“El control efectivo del territorio nacional en sus ámbitos terrestre, naval y aéreo, necesita ser reforzado con tecnología, que permita identificar a tiempo y tener anticipación estratégica. Esto quiere decir, todas las medidas preventivas que se puedan utilizar para identificar tempranamente las amenazas o riesgos”, enfatiza Castillo.

Ley y reglamento para el control del espacio aéreo

Un aspecto valorado por los expertos es la aprobación en la Asamblea Nacional, en 2024, de la Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo Nacional, aunque su reglamento fue expedido en julio de 2025.

El cuerpo legal busca prevenir y controlar las actividades ilícitas que se cometan en el espacio aéreo de Ecuador y también regula la inhabilitación de pistas clandestinas que son utilizadas de forma ilícita.

En el reciente reglamento se disponen los mecanismos para la neutralización de ingenios aeroespaciales (todo aparato que pueda volar con o sin tripulación) en actividades ilícitas en el espacio aéreo nacional.

“Este reglamento hace referencia a la autorización que tiene nuestra Fuerza Aérea para hacer uso de los principios para el uso legítimo de la fuerza, algo que no teníamos antes. Se rige por los principios previstos en el artículo 10 de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza”, explica Castillo.

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