La Superintendencia de Bancos de Ecuador presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado tras detectar la circulación de imágenes manipuladas en redes sociales, cuyo objetivo habría sido provocar pánico financiero. Según la entidad reguladora, detrás de la campaña estarían personas organizadas que operan con alias y desde centros de difusión digital conocidos como troll centers.

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El hecho se registró el lunes, 4 de agosto de 2025, cuando comenzaron a viralizarse publicaciones que informaban falsamente sobre el supuesto cierre de un banco nacional. La desinformación generó preocupación ciudadana, especialmente porque coincidió con intermitencias reales en la aplicación móvil del Banco Pichincha, uno de los más grandes y reconocidos del país.

¿Cómo afectó la desinformación a la percepción del sistema bancario?

La coincidencia entre la caída del servicio móvil del Banco Pichincha y la difusión de noticias falsas generó una oleada de quejas e incertidumbre en redes sociales. Usuarios reportaron fallos en el acceso a sus cuentas y transacciones detenidas, lo que fue aprovechado por los responsables de la campaña para amplificar el temor mediante imágenes alteradas y mensajes alarmistas.

Ante la creciente inquietud, la Superintendencia salió al paso para defender la estabilidad del sistema financiero y, particularmente, la solvencia de Banco Pichincha. Aclaró que dicha institución mantiene indicadores financieros sólidos y que no existe riesgo alguno de cierre o quiebra.

¿Qué datos respaldan la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano?

Como medida para frenar el temor entre los usuarios, el ente regulador compartió cifras actualizadas sobre la situación del sistema bancario en Ecuador, destacando los siguientes indicadores:

• Solvencia: superior al 13 % (el mínimo exigido es 9 %)
• Liquidez inmediata: por encima del 21 %
• Morosidad: controlada en un 3,2 %
• Depósitos: en crecimiento sostenido

Estos datos reflejan una estructura financiera robusta, con bancos capaces de cumplir sus obligaciones y mantener operaciones normales incluso ante escenarios de tensión informativa o ataques digitales.

La denuncia presentada incluye a personas presuntamente identificadas por su participación en la elaboración y difusión de los contenidos falsos. El caso ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar responsabilidades legales por este intento de desestabilización a través de desinformación digital.

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