El anuncio de las siete preguntas que el Ejecutivo busca someter a consulta popular y referéndum genera interrogantes sobre su viabilidad constitucional. La jurista Elsa Guerra, experta en derecho constitucional, advierte que la Corte Constitucional enfrenta un reto técnico y político al momento de decidir el camino jurídico para cada propuesta.

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“Esto va a implicar un gran desafío para la Corte, la Asamblea Nacional y el pueblo ecuatoriano”, afirmó a EXTRA. Guerra explicó que las preguntas deben analizarse en tres bloques, según su nivel de impacto sobre el ordenamiento constitucional vigente.

Bases militares y financiamiento político

Las dos primeras preguntas, sobre la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador y la eliminación del financiamiento público a partidos políticos, ya pasaron un control preliminar de constitucionalidad. Según Guerra, la Corte ha reconocido que estas propuestas implican una modificación a la Constitución de 2008, que expresamente prohíbe bases extranjeras en el país.

Esa norma, dijo, respondía a experiencias previas que demostraron la ineficacia de la militarización extranjera en el combate al crimen organizado. Pese a ello, la Corte determinó que ambas preguntas pueden someterse a referéndum, siguiendo el trámite de una reforma parcial.

Sobre los fondos públicos para partidos, Guerra señaló que, si bien su eliminación es jurídicamente viable, podría profundizar la desigualdad política. “Quitar ese financiamiento refuerza la lógica de que gana quien tiene la billetera más grande”, alertó. 

Riesgo de reforma total o constituyente

El segundo grupo incluye las preguntas sobre trabajo por horas, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, juicio político a jueces de la Corte Constitucional y asambleístas nacionales. En estos casos, Guerra señaló que la Corte debe determinar si se trata de reformas parciales o reformas agravadas, lo que podría llevar incluso a un proceso constituyente.

Particular preocupación genera la inclusión del trabajo por horas, ya rechazado por la ciudadanía en la consulta de 2023. “En aquel momento se evidenció que esta modalidad precariza el empleo y vulnera derechos laborales”, señaló. El Gobierno ahora propone aplicarla solo al sector turístico, pero Guerra advierte que el antecedente del rechazo ciudadano es claro.

La propuesta de permitir juicio político a jueces constitucionales también es, a su criterio, una de las más delicadas. “Preocupa que en un momento en que la Corte actúa con independencia, se proponga una medida que puede interpretarse como represalia”, dijo. Alertó que esto pondría en riesgo el modelo de justicia garantista y la independencia de funciones.

Casinos y crimen organizado

La última pregunta aborda el retorno de salas de juego y casinos, prohibidos en el país desde una consulta popular previa. Guerra recordó que la Corte ya había determinado que una nueva consulta sí puede revertir esa decisión, pero advirtió sobre los riesgos.

“Los casinos son una de las principales vías para el lavado de activos”, sostuvo. Para la experta, la Corte deberá evaluar la redacción de esta pregunta, pero el verdadero debate debe girar en torno a cómo cortar las fuentes de dinero del crimen en un país que vive una crisis de seguridad.

¿Eliminación del CPCCS requiere Asamblea o constituyente?

Uno de los puntos más debatidos será la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Guerra subrayó que esta medida podría implicar un cambio estructural en el diseño del Estado, lo cual —de acuerdo con la Constitución de 2008— requeriría un proceso constituyente.

“El CPCCS está completamente desprestigiado, pero tiene la competencia de nombrar autoridades de control. Si se elimina, hay que redefinir todo ese sistema. No basta una consulta popular sin más”, explicó.

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