Exclusivo
Actualidad

La Fiscalía realizó un rastreo con georradar en el templo.Fiscalía

En Quito allanan iglesia tras desaparición de una joven

Como parte de la instrucción fiscal abierta por el presunto delito de secuestro extorsivo de Juliana Campoverde, la Fiscalía realiza un rastreo con georradar en el piso del templo donde predicaba el pastor ahora procesado en este caso.

Como parte de la instrucción fiscal abierta por el presunto delito de secuestro extorsivo de Juliana Campoverde, la Fiscalía realizó un rastreo con georradar en el piso del templo donde predicaba el pastor ahora procesado en este caso.

El sospechoso, que habría participado en la desaparición de Campoverde, ocurrida el 7 de julio de 2012, en el sur de Quito, se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Regional Latacunga.

La Fiscalía General del Estado inició un proceso de instrucción fiscal, en el que tendrán 90 días para seguir investigando el caso que mantiene en zozobra a la familia de la joven desde hace seis años.

El 7 de julio de 2012, Elizabeth Rodríguez y Absalón Campoverde, padres de la muchacha, vieron por última vez a su retoña y no han vuelto a tener noticias de ella. Ese mismo día en el sector de la Biloxi, la muchacha se habría encontrado con el pastor, quien semanas atrás le había dicho que tuvo un sueño en el que le advertía que ella debía casarse con su hermano.

Mayra Soria, fiscal de Violencia de Género, explicó que el procesado fue sometido a 98 preguntas, en sus respuestas se detectó una serie de contradicciones.

Además, se verificó una nueva evidencia para involucrarlo, “el teléfono de Juliana fue desarmado, sacado su chip y este chip aparece en el teléfono celular del señor Jonathan C.”, dijo.

La Fiscalía acusa al procesado según lo estipulado los artículos 161 y 162 del Código Orgánico Integral Penal sobre delitos contra la libertad personal.

Elizabeth Rodríguez, aseguró que 11 fiscales han pasado por su caso y que es la primera vez que recibe una respuesta concreta sobre la desaparición de su hija.

La iglesia intervenida es propiedad de la familia del procesado.