¿Renuncias sin liquidación?

El acuerdo para que Ecuador acceda a un financiamiento por $ 4.200 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya se encuentra cerrado, pero este monto llega bajo ciertos términos que el país debe cumplir.

El crédito —que se desembolsará en los próximos tres años— estará destinado “prioritariamente” hacia los sectores más pobres y vulnerables, según informó el pasado 21 de febrero, ante la Asamblea Nacional, el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

En el informe técnico del FMI, se establece que dentro del plan de políticas del Gobierno, constaría “reducir la rigidez del mercado laboral y mejorar la competitividad”. Esto quiere decir que podría existir una reforma laboral.

Para ello, el Estado aplicará las siguientes medidas:

• Permitir contratos laborales menos rígidos que puedan apoyar particularmente el aumento del trabajo femenino, y reforzar la participación y oportunidades de empleo juvenil.

• Aumentar el período de prueba antes de un contrato indefinido (después del período de prueba el empleado tiene derecho a protecciones significativas incluyendo pagos de indemnización). Esto haría la contratación más atractiva y apoyar la creación de empleo.

• Reducir los costos de contratación y despido al eliminar las indemnizaciones a los trabajadores que renuncien voluntariamente.

Estas dos últimas medidas podrían despertar preocupación en los trabajadores del país, aunque en el documento del organismo no se especifica cuándo se empezarían a aplicar.

Actualmente, dentro del Código Laboral, se estipula que si un empleado renuncia de manera voluntaria a su trabajo, tiene derecho a una liquidación basada en sus años de servicio, y según el caso, se toma en cuenta valores de décimos, vacaciones y otros rubros.

El artículo 185 del Código de Trabajo señala lo siguiente:

“En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco (25) por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes”.

De concretarse la solicitud del FMI, el trabajador que finalice su vínculo con la empresa en la que desempeña, no podría acceder a este beneficio.

Intención de cumplir los requisitos

Ecuador hizo pública el 21 de marzo la carta intención del acuerdo suscrito con el FMI y en la que constan las metas cuantitativas que se espera alcanzar hasta 2021.

En ella se explica que el Ecuador requiere una reforma laboral urgente que ayude a reducir la informalidad, particularmente de mujeres y de trabajadores jóvenes.

Asimismo, señala que una reforma laboral implica adaptarse a las condiciones del mercado y de la sociedad retirando cuidadosamente las restricciones actuales que implican menores oportunidades para las personas que no tienen un empleo.

En el documento firmado por el ministro Martínez y la gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), se detalla que con esta reforma “disminuiremos gradualmente los costos implícitos de contratación y generaremos incentivos para la creación de empleos y para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas”.

Además, se agrega que esta reforma permitirá que el actual mercado del trabajo converja hacia uno que se adapte adecuadamente a las necesidades de distintos sectores.