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¡Niña, embarazada y secuestrada!
Con apenas 12 años, la menor cayó en el poder de dos sujetos. Habría sido violada hace varias semanas.
De la niña no se sabe nada desde el 12 de junio.
La orden era clara. La niña, de 12 años, solo podía salir de su escuela en compañía de su madre. Sin embargo, el pasado 12 de junio, dos tipos “con uniforme de camuflaje” irrumpieron en la pequeña institución unidocente del cantón Cascales, en Sucumbíos, en el Oriente ecuatoriano, para llevarse a la chica.
El hecho sucedió en la parroquia Sevilla. Según el gobernador Robert Gallegos, los tipos amedrentaron a la maestra y a los niños con un arma, antes de llevarse a la menor de edad, quien está en el primer trimestre de embarazo.
Debido a un abuso sexual que sufriera en mayo del 2018, los familiares de la niña habrían solicitado medidas de protección para ella. Sin embargo, nada pudo hacer el personal de la escuela ante el hecho violento que hasta hoy mantiene en zozobra a los moradores de ese poblado fronterizo del norte del país.
Han pasado 20 días desde el secuestro y ningún detalle de investigación ha salido a la luz. En un comunicado, publicado el 2 de julio, el Ministerio del Interior desmintió la falta de acciones por parte de la Policía; incluso se indicó que se “ejecutan operativos de búsqueda, en coordinación con la Fiscalía y las Fuerzas Armadas”. En ese mismo documento, la cartera de Estado descarta que el secuestro haya sido perpetrado por “algún grupo armado de Colombia”.
El miércoles 4 de julio de 2018, un nuevo documento sobre el suceso se hizo público en la cuenta oficial de Twitter de esa institución. Esta vez, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, ofreció disculpas sobre las declaraciones hechas acerca del caso de la menor.
Lo que dice el Ministerio de Educación
Por su parte, el Ministerio de Educación confirmó que el 30 de mayo se enteró que la niña era víctima de violencia sexual fuera del plantel educativo. Por este motivo, el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la institución se habría acercado al hogar de la menor para “brindar asesoría jurídica y psicológica del caso”.
El caso se encuentra en proceso de investigación y le darán el seguimiento respectivo, para que se respete la política de cero tolerancia ante los hechos de violencia.