No quiere morir. Gloria Bedoya llora de impotencia al quedarse sin tratamiento para la insuficiencia renal que padece. El pasado 30 de enero le suspendieron una de las tres citas semanales para realizarse la diálisis, un proceso en el que una máquina filtra la sangre de su organismo y la devuelve limpia.

Los responsables del procedimiento le indicaron que no había insumos médicos para atenderla. Esto provocó que su salud se descompensara: le costaba respirar y la acumulación de toxinas le generó un cansancio severo y pérdida de apetito. Explica que la mayoría de los pacientes que no reciben atención pueden sufrir un paro cardíaco o caer en coma.

Por si fuera poco, desde la clínica a la que acude le pidieron que firmara un documento en el que constara que no recibió el tratamiento porque no asistió a la cita, pero se negó. “No podía faltar a la verdad”. Desde entonces, la paciente, de 46 años, vive en la incertidumbre de no recibir diálisis. Como ella, hay cientos de personas en el país que temen lo mismo.

Una crisis al borde del colapso

La Asociación de Centros de Diálisis advierte que la crisis renal en Ecuador está al borde de una catástrofe sanitaria. Señalan que el sistema de salud pública mantiene una deuda de más de 180 millones de dólares con las clínicas de diálisis, lo que impide la adquisición de los insumos necesarios para los tratamientos.

Esta realidad pone en riesgo la vida de aproximadamente 24 mil personas que padecen esta enfermedad. Además, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el país existen más de dos millones de personas con algún grado de afección renal.

“El fantasma del prestador de servicio”

El presidente de la República, Daniel Noboa, en entrevista para una radioemisora, dos días después de las elecciones generales, abordó el tema de las clínicas dializadoras. El mandatario mencionó la existencia de un “fantasma del prestador privado”, sugiriendo que algunas clínicas estarían involucradas en negociaciones irregulares con el Estado.

Ante estas declaraciones, tanto pacientes renales como expertos en salud han expresado su desacuerdo y aseguran que el presidente está mal informado. El nefrólogo Julio Moscoso recuerda que en 2009 la insuficiencia renal fue declarada enfermedad catastrófica. Desde entonces, todas las personas que la padecen adquirieron el derecho al tratamiento y acceso a medicinas, independientemente de que cuentan o no con seguro social.

El especialista asevera que, tras un análisis, se determinó que los hospitales públicos no cuentan con la infraestructura necesaria para atender a estos pacientes, por lo que el sistema de salud realizó convenios con clínicas privadas para brindar el servicio.

Posteriormente, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) estableció un proceso de licenciamiento para que las clínicas privadas pudieran obtener autorización oficial para realizar diálisis. Además, según Moscoso, se fijó una tarifa estándar de 1.450 dólares mensuales por paciente a nivel nacional.

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Este monto no solo cubre el uso de equipos e insumos médicos, sino también el pago del personal de salud que atiende a los pacientes con insuficiencia renal, incluyendo nefrólogos, enfermeras, técnicos, psicólogos, nutricionistas e incluso el personal de limpieza.

El convenio establecía que el sistema de salud pública debía pagar a las clínicas dializadoras después de brindar el servicio (previa auditoría). Sin embargo, el nefrólogo señala que desde hace 16 meses no se cumple con este acuerdo porque, supuestamente, el Ministerio de Finanzas no tiene presupuesto.

En la entrevista, Noboa afirmó que en 2024 se invirtieron 400 millones de dólares adicionales al presupuesto anual destinado a la salud. Desde el departamento de comunicación del MSP aseguraron que sí se está abasteciendo de medicamentos e insumos a los pacientes renales y que han cumplido con el 82 % de las necesidades generales. Mientras tanto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que ha efectuado algunos pagos a los prestadores externos.

Plantones y activismo

Gabriela Álvaro, quien padece insuficiencia renal desde hace 10 años, ha participado en varias protestas en las que se exige a las autoridades que cancelen la deuda con las clínicas dializadoras.

En una de estas manifestaciones, los pacientes le pidieron que los represente ante las autoridades para exponer sus necesidades. Desde entonces, se ha convertido en una activista que lucha por los derechos de los enfermos renales.

El 5 de febrero, Gabriela logró que la Asamblea Nacional iniciara el primer debate sobre el Proyecto de Ley de Salud Renal, pero denuncia que todo quedó en simples discursos porque los legisladores “se hicieron los locos”. Sin embargo, su intervención la puso en el ojo público, siendo entrevistada por varios medios donde ha expuesto la crítica situación de los pacientes renales.

Para el viernes 21 de febrero ha organizado un plantón a nivel nacional con el fin de lograr un acercamiento con el presidente de la República y, según ella, hacerle entender que detrás de los tratamientos y las diálisis no hay un negocio irregular, sino miles de familias que únicamente buscan vivir con dignidad el tiempo que la enfermedad les permita.

¿Cuál es el camino legal?

La abogada Kassandra Andrade explica que lo que sufren los pacientes renales es una vulneración de los derechos constitucionales, los cuales van de la mano con los derechos humanos, especialmente en lo que respecta al incumplimiento de los deberes primordiales del Estado de garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce del derecho a la salud.

“Es deber del Estado asegurar que sus habitantes tengan acceso a la salud y a un trato de calidad y calidez en las instituciones que brindan estos servicios”, enfatiza Andrade.

La jurista añade que, en este caso, los pacientes renales pueden interponer una acción de protección como garantía jurisdiccional. “El objetivo de esta herramienta es proteger de forma directa y eficaz los derechos reconocidos por la Constitución”, señala.

De acuerdo con Andrade, esta acción puede presentarse ante cualquier juez del país, estableciendo los datos relevantes y la relación de los hechos que evidencien la vulneración de derechos denunciada.

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